Carmena sancionará a las constructoras que gestionan la M-30 por cobrar trabajos no realizados

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid abre seis expedientes a Dragados (ACS), Ferrovial y API por incumplimientos muy graves en la explotación y mantenimiento de la M-30. El Ayuntamiento de Madrid que gobierna Manuel Carmena ha decidido actuar contra Dragados (ACS), Ferrovial y API. Estas constructoras constituyeron en 2005 la UTE Emesa para hacerse con la explotación y el mantenimiento de la M-30. El consistorio de la capital ha abierto a estas empresas seis expedientes por incumplimientos muy graves. El Ayuntamiento, según informa en una nota, acusa a las concesionarias de haber estado cobrando todo este tiempo por trabajos no realizados.
 
El pasado 11 de noviembre el Gobierno de Ahora Madrid impuso su mayoría en el Consejo de Administración de Madrid Calle 30 SA, la empresa propiedad del consistorio que tiene la titularidad de la obra, para dar luz verde a las sanciones. Con el voto en contra del PP y de Ciudadanos, se decidió abrir seis expedientes por incumplimientos graves. Estas multas irían de los 50.000 a los 750.000 euros por cada una de las deficiencias. De momento se han hallado seis.

Esta decisión se produce después de que las inspecciones sobre el mantenimiento de los túneles realizadas durante el último año y medio hayan llevado al Gobierno municipal a concluir que las constructoras han estado cobrando millones de euros por servicios contemplados en el contrato que no “nunca se pusieron en marcha”.

Los expedientes de “penalidades” se refieren a los siguientes incumplimientos: la no instalación de telecontrol del alumbrado a cielo abierto de M-30; así como a una falta de mantenimiento de los apoyos de neopreno de los túneles del bypass. Un tercer expediente está relacionado con la seguridad vial y la disposición de medios para la atención de incidencias; mientras que otro por deficiencias en el mantenimiento del sistema contra incendios. El quinto obedece al no establecimiento de una red de mejora del sistema de comunicación para el tráfico de datos críticos; y, por último, otro por no montar la red wifi en la totalidad de Calle 30 con soporte de telefonía móvil propia.
 
La gestión externa del mantenimiento de la principal arteria de Madrid fue concedida por el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón entonces y ha supuesto que estas empresas hayan ganado desde entonces 500 millones de euros a cambio de mantener la infraestructura.