Las ayudas para rehabilitar viviendas vuelven a enfrentar a los vecinos con Cifuentes

La FRAVM acusa a la Consejería de saltarse un paso en la convocatoria lo que podría provocar que 10.000 familias se queden sin subvención. “10.000 familias pueden quedarse sin la ayuda a la rehabilitación de viviendas porque la Comunidad de Madrid no les ha requerido documentación de manera adecuada”. Esta es la acusación que hace la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) al Gobierno que preside Cristina Cifuentes, al denunciar que “la Consejería de Transportes y Vivienda se salta el trámite de enviar una carta a los solicitantes que no cumplen todos los requisitos y publica en su sitio web el listado y los documentos que deben aportar la subsanarlo” un problema que según esta federación afecta a 943 comunidades de vecinos de toda la región y por el que han pedido al consejero, Pedro Rollán, una rectificación urgente.
 
Explica la FRAVM en un comunicado que el pasado lunes, 19 de septiembre, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid recogía una resolución de la Consejería de Transportes y Vivienda por la que aprueba el listado de solicitantes que no habían cumplido los requisitos mínimos para la obtención de las ayudas a la rehabilitación de 2016 y les daba un plazo de diez días para “subsanar la solicitud y/o aportar la documentación preceptiva”.
 
La entidad vecinal se queja de que la orden -que ha sido el medio elegido por la Consejería para comunicarse con los afectados en lugar de la carta que enviaba antes- no incluye la lista, sino que para consultarla remite, de manera genérica, a la web de la Comunidad. Recriminando además lo dificultoso del proceso, haciendo notar, no sin cierta ironía, que “un cibernauta de nivel avanzado podría tardar unos diez minutos en hallarla y que uno de nivel más básico tiene muchas opciones de naufragar en el intento”.
 
Recuerdan desde la FRAVM el procedimiento ordinario de la Comunidad de Madrid en este tipo de subvenciones pasa por enviar una carta a todos los aspirantes que no reúnen los requisitos con objeto de que puedan formular alegaciones o subsanar sus solicitudes en tiempo y forma, y que sin embargo en esta ocasión se ha saltado este paso. Subrayando que desconocen el motivo por el que se ha cambiado el procedimiento pero alertando que el problema no es baladí, dado el elevado número de “damnificados que puede tener dicha decisión”: 943 comunidades de vecinos y unas 10.000 familias.
 
Informan desde la federación vecinal que, tras tener conocimiento de estos hechos y comprobar que las comunidades rechazadas no estaban recibiendo ningún requerimiento por escrito, solicitó el miércoles una reunión urgente con el director general de Vivienda y Rehabilitación, José María García, y trasladó su preocupación a los representantes de los grupos de Podemos, PSOE y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
 
También, Vicente Pérez, responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación vecinal, remitió una misiva al consejero Pedro Rollán para pedirle que el contacto “se haga de manera individualizada a cada comunidad de propietarios, por correo postal u otro medio que asegure que el destinatario recibe el aviso”.
 
Avisando que “la comunicación que ha realizado la Dirección General de Vivienda a buen seguro no llegará a la gran mayoría de los interesados y un número importante de comunidades verán su solicitud decaída” para después recordar al consejero que “la denegación de solicitudes por esta razón sería muy grave y perjudicial, además de constituir un golpe más a la ya desacreditada rehabilitación por experiencias anteriores que usted bien conoce”.
 
Se refiere el representante vecinal al enfrentamiento que mantiene el colectivo vecinal con la Comunidad de Madrid por el impago de las subvenciones a la rehabilitación de viviendas y a la instalación de ascensores, un problema que surgió en 2012 cuando el Ejecutivo de Esperanza Aguirre cuando, de un plumazo y a través artículo 20 de la Ley 4/2012, eliminó dichas ayudas que los vecinos ya habían destinado a reformar sus casas y a poner ascensores, conflicto que ha heredado Cristina Cifuentesy que, de momento, no se ha podido resolver.
 
La FRAVM estima que la Comunidad de Madrid debe aún entre 35 y 40 millones de euros a 20.000 familias que solicitaron ayudas a la rehabilitación de edificios y a la instalación de ascensores relativas a planes gubernamentales anteriores a 2012, una deuda que han reclamado en numerosas ocasiones y cuyo pago creen “contribuiría a reducir la desconfianza con el Gobierno regional que se vive en los barrios afectados”.
 
La federación recalca que el problema que ha surgido ahora en el proceso para solicitar las nuevas ayudas no ayuda a mitigar la desconfianza vecinal hacia el Ejecutivo autonómico, al que recuerdan que “por regla general, este tipo de subvenciones recaen en zonas con un alto porcentaje de población mayor y rentas modestas” por lo que reclaman a la Consejería una rectificación.