La Guardia Civil acusa a Lucía Figar de utilizar dinero público para mejorar su reputación

La ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid se enfrenta a posibles delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado un informe demoledor para la ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar. Según ese documento, y al que ha tenido acceso el diario El Mundo, la que fue consejera durante el gobierno de Esperanza Aguirre utilizó fondos públicos para promocionar su figura personal y política en la Red y para desprestigiar a otras opciones. Una actitud que ese órgano de la Guardia Civil resume como “cuestionable honradez personal y política” de la ex consejera.
 
Según la UCO, “»se estaban pagando con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de la titular de la Consejería, destinando a usos ajenos a la función pública caudales para promocionar su figura política, dando pábulo a las informaciones que hablaban favorablemente de su desempeño en la Consejería». Además, el informe acerca de las actividades llevadas a cabo por Lucía Figar determina que el dinero público se utilizó también “como arma de ataque contra la oposición política y social, empleando usuarios falsos de redes sociales para lanzar mensajes contrarios a éstos».
 
De esta manera, la Guardia Civil atribuye a Lucía Figar los delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias. Pero, ¿cómo lo llevó a cabo?
 
A tenor del informe de la UCO, Figar requirió los servicios del empresario Alejandro De Pedro para que la empresa Eico Online, S.L. contrarrestase en redes sociales y medios digitales las informaciones desfavorables a la consejera, del mismo modo que visibilizase las positivas. Esas actividades se incluían en los informes mensuales que se entregaban al jefe de Gabinete de Prensa de la Consejería, Pablo Balbín, y que no quedaban al margen del conocimiento de Figar. Por eso la Guardia Civil afirma que la ex consejera era consciente de la contratación de estos servicios, y que por ellos “habría beneficiado” a De Pedro con otros contratos públicos.
 
Por otro lado, el informe de la Guardia Civil que será entregado al juez Eloy Velasco incluye a Agustín Alonso Conesa, socio y consejero de Eico, al considerar que era conocedor de estos trabajos y a dos personas en las empresas de De Pedro, Abel Linares Palacios y Víctor Daniel Steinberg, y solicita que se les investigue por los delitos de fraude en contratación pública y falsedad en documento mercantil.