La Sala de lo Penal ha abierto una causa penal contra la senadora del PP por su presunta implicación en la ‘Operación Taula’. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una investigación a la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por presunto blanqueo blanqueo de capitales en el marco de la ‘Operación Taula’. El tribunal acepta así el criterio del fiscal, que el pasado mes de julio solicitó la apertura de una causa penal contra Barberá.
Según se explica en la web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, el Supremo destaca que “los hechos descritos por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en la exposición razonada pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales”.
En este sentido, el auto hace referencia a que “en el curso de una investigación sobre determinadas irregularidades en la contratación pública en el ámbito de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y de la Diputación Provincial, así como en el de la empresa pública Imelsa y la dependiente de la Generalitat valenciana CIEGSA, se tuvo conocimiento de una conversación telefónica –cuya escucha se hizo con autorización judicial—según la cual se habría realizado un donativo mediante transferencia bancaria a una cuenta del Grupo Popular del Ayuntamiento, a cambio del que se habrían recibido, en efectivo, dos billetes de 500 euros”, el conocido como ‘pitufeo’.
Realizadas las investigaciones pertinentes, siempre según la exposición razonada, se pudo comprobar que en una cuenta del Banco Sabadell a nombre del Grupo Municipal del PP en Valencia se habrían realizado determinadas aportaciones, por importe de 1.000 euros, por parte de 50 personas vinculadas al grupo y al partido, entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, entre ellas Barberá, indica la información colgada por el CGPJ en su web.
Lo que investiga el juez es si, bajo la cobertura de esas aportaciones de 1.000 euros que todos los investigados reconocen haber efectuado, se oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del Grupo Popular, señaladamente la secretaria del Grupo María del Carmen García-Fuster, que era la persona que operaba de facto con las cuentas bancarias. También se investiga el origen del dinero supuestamente blanqueado.
Por otro lado, la Sala Segunda ha determinado que el procedimiento sobre el resto de personas investigadas en este caso prosiga en el Juzgado de Valencia como órgano competente, sin perjuicio de que su titular remita al Supremo cuantos datos resulten de las diligencias que se practiquen y que tengan relación con los hechos atribuidos provisionalmente a la persona aforada.
El pasado mes de julio, la Fiscalía presentó un informe en el Tribunal Supremo favorable a designar un instructor para investigar a la senadora del PP por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia cuando era alcaldesa de esta ciudad, según publicó Efe en aquel momento.
El Tribunal Supremo es el único competente para investigar y, en su caso juzgar, a la senadora, por su condición de aforada.
Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció declarar a Barberá, quien presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, y niega el reintegro del mismo. Sus explicaciones, señaló entonces el instructor, son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados.
