El Ayuntamiento anuncia una investigación de los contratos integrales firmados por Botella y advierte de que los rescindirá si no se ataja el problema de la suciedad urbana. La capital ha pasado de gastar más de 228 millones de euros anuales en limpieza viaria en 2009 a emplear 153 millones de euros en 2015 por el mismo concepto. La partida, que no lleva incluido el IVA, se ha visto reducida en más de una tercera parte, y la mayor caída se produjo tras la firma de los llamados contratos integrales, que en 2013 dejaron la limpieza de Madrid hasta 2021 en mano de cuatro grandes subcontratas.
Lo que perseguía el anterior equipo de Gobierno municipal, en manos de Ana Botella, era unificar la prestación de servicios públicos esenciales en adjudicaciones por varios años a empresas privadas, que ofrecían a cambio un precio reducido. De esta forma el bolsillo municipal generaba ahorro y el Ayuntamiento dejaba de preocuparse de la gestión del personal. Las ganadoras de los contratos pasaron a ser las responsables de decidir cuántos operarios eran necesarios para ofrecer el servicio, que pasaba a medirse solo por resultados.
La adjudicación se convirtió en una subasta en la que la baza ganadora era el precio más bajo: no en vano la oferta económica pesaba en un 80% en el criterio para elegir a las ganadoras. Llegó a darse el caso de licitaciones que no consiguieron ofertas: el contrato integral de retirada de residuos, ofertado a finales de 2012 por un 16% menos de su coste habitual, no recibió ninguna puja. Ninguna empresa consideró rentable prestar el servicio por un precio tan bajo.
Los efectos de la caída de inversión en este tipo de servicios no se hicieron esperar y los últimos años de Botella al frente del Ayuntamiento estuvieron marcados por numerosos despidos en las grandes empresas de limpieza y una correlación de huelgas y paros indefinidos que llenaron las calles de basura durante semanas.
El Ayuntamiento de Madrid valoró entonces en 630 millones el ahorro que producirían los contratos integrales durante los 8 años de su vigencia. Solo en el de Limpieza y Zonas Verdes el ahorro ascendía a 373 millones de euros, según cálculos del nuevo equipo de Gobierno.
El consistorio controlaría la calidad del servicio del siguiente modo: las empresas se llevaban un fijo del 80%, e ingresaban un 20% más en función de 68 indicadores. Para evaluarlos, el Ayuntamiento incrementó en tres millones de euros su gasto anual en plantillas de inspectores.
“Este sistema de retribución, que era la primera vez que se aplicaba, no cuantificaba ni obligaba a la asignación de un número concreto de recursos y personas, sino que se confiaba en que las empresas se esforzarían en conseguir ese 20 % variable, para lo que dimensionarían adecuadamente los recursos destinados al contrato. La experiencia es que no ha sido así”, lamenta hoy el Ejecutivo municipal de Ahora Madrid, encallado desde su llegada en la promesa de un Madrid limpio.
Fallo en los intentos de Carmena y diagnóstico actual
La percepción ciudadana sobre la limpieza de la capital ho ha hecho sino caer durante la última época del PP en el Ayuntamiento y durante todo el mandato de Ahora Madrid. El equipo de Carmena se centró en la concienciación ciudadana, la paralización de los ERTEs en las cuatro subcontratas de los servicios de limpieza y en la programación de limpiezas intensivas por distritos, en coordinación con las propias empresas, que asumían su parte de culpa. Todo ello ante la realidad de que los contratos no pueden modificarse más allá de los términos que contemplan sus propios pliegos. Los esfuerzos de Ahora Madrid no han solucionado el problema, y en mitad de la campaña de Navidad una de las cuatro subcontratas volvió a activar el ERTE en su plantilla, empeorando la situación.
Tras conseguir devolver a esos trabajadores a sus puestos, iniciar programas de unos 100 trabajadores en prácticas y disponer de 122 inspectores más, el diagnóstico que a día de hoy hace el departamento de Inés Sabanés es que el equipo de Botella cometió algunos grandes fallos, que llega a calificar de “negligencias”:
1. “Creemos que en el diseño de este modelo de gestión no se dimensionó correctamente el personal necesario por parte del Ayuntamiento que asegurara el cumplimento del contrato”, sostiene el consistorio. Y recuerda que la contratación de personal público está muy limitado por las distintas leyes de presupuestos de los últimos años “que circunscriben las tasas de reposición de personal a sectores muy concretos (Educación, Sanidad, Seguridad…) entre los que no estaba la limpieza”.
Sabanés cree que para un control exhaustivo del cumplimiento de los contratos harían falta, como mínimo, el doble de los 155 inspectores que actualmente realizan esa labor de vigilancia, y que tienen en sus manos el 20% de los ingresos de las contratas
2. “Se cometieron graves negligencias por parte de los responsables políticos en establecer las condiciones que regiría la gestión del servicio a prestar”, considera Ahora Madrid. Se refiere a desequilibrios en la dotación económica entre los diferentes distritos y barrios: mientras en Arganzuela o Usera se invierten unos 36 euros por habitante y año en limpieza viaria, en Salamanca o Retiro se dedican más de 52 euros por al mismo concepto. El mismo desequilibrio entre barrios se da al tener en cuenta el número de metros cuadrados, por lo que no se trata solo de densidad de población.
“Este criterio no estaba contemplado en los pliegos y en principio no es modificable, no obstante el Área de Medio Ambiente y Movilidad está trabajando par a corregir esta situación”, sostiene el consistorio, “de forma que todos se igualen” y se produzca un “un incremento de recursos para todos los lotes”.
3. Proceso de ERE y los posteriores ERTEs:» Tuvieron un impacto demoledor en la calidad del servicio público esencial, poniendo en riesgo las garantías del mismo en condiciones mínimas de calidad». Aunque el pliego no obligaba a condiciones de personal, «sí que se planteaban propuestas en las ofertas que posteriormente no se cumplieron», denuncia el Ayuntamiento.
Investigaciones y rescisión de contratos
Para dar cuenta de todo ello y valorar las diferentes alternativas, Sabanés ha anunciado que pedirá un Pleno Extraordinario de Limpieza y que el consistorio llevará a cabo una investigación «exhaustiva y profunda de todos estos procesos del anterior gobierno». La responsable de la limpieza ya plantea rescindir los contratos, enfrentando la millonaria indemnización (unos 36 millones de euros) y debiendo responder con capital y gestión pública a los servicios que hasta ahora realizan cuatro macroempresas.
En base a estas investigaciones, «si la situación permanece y se halla base jurídica para concluir que este modelo de gestión, y los contratos que de este se derivan, no pueden cumplir con los objetivos, se podría iniciar la resolución de los contratos, ante la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados», advierte Ahora Madrid.
