Cataluña

La Fiscalía General prepara un plan para afrontar cualquier escenario soberanista en Cataluña

Banderas independentistas catalanas

En conjunción con el Ministerio de Justicia y el Tribunal Constitucional, la fiscal Consuelo Madrigal cuenta con una hoja de ruta para las actuaciones del Estado central ante el desafío independentista. Frenar cualquier movimiento, acto político o jurídico que camine hacia la secesión, o que afecte a la Constitución Española. Es el cometido del plan que ya tienen preparado la Fiscalía General de Estado, el Ministerio de Justicia y el Tribunal Constitucional. Según “fuentes conocedoras de esta estrategia coordinada” a la Cadena Ser, el Estado se prepara para afrontar iniciativas como posibles leyes para un proceso constituyente en Cataluña, así como las anunciadas creaciones de una hacienda pública propia y un nuevo sistema de seguridad social en la Comunidad Autónoma.

Una nueva norma al amparo de la nueva ley del Constitucional y del Código Penal estaría ya lista para atajar cualquier acto político con trascendencia jurídica, según las mismas fuentes. La estrategia coordinada tratará de contar con todos los escenarios posibles tras la investidura de un gobierno independentista en Cataluña, tras el acuerdo de Junts Pel Sí y la CUP para hacer presidente a Carles Puigdemont tras la retirada del expresidente, Artur Mas. Se trata de una hoja de ruta trazada desde septiembre, para afrontar cualquier situación, individual o institucional, que tenga que ver con el desafío soberanista.

La Fiscalía podría trabajar en el ámbito penal dando traslado de querellas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por delitos de desobediencia o desacato, pero también se contempla la actuación de la Audiencia Nacional para casos de rebelión o sedición.

“El plan está trazado pero la Fiscalía no moverá ficha en primer lugar”,según las fuentes consultadas por Cadena Ser, porque la actuación del ministerio público se producirá una vez que la abogacía del Estado denuncie ante el Constitucional, la vulneraciones que detecte. A partir de ese momento, a instancia o requerimiento del tribunal de garantías, el fiscal moverá toda su potencia acusadora.

Más información