¿Por qué el PP ha conseguido mayoría absoluta en el Senado y no en el Congreso?

Pleno del Senado

La cámara alta, diseñada para sobrerrepresentar a las fuerzas mayoritarias, puede abandonar su inoperancia y convertirse en llave maestra del legislativo respecto a Cataluña y la reforma constitucional. Ciudadanos pide su eliminación, Podemos propone su conversión en verdadera cámara territorial y las legislaturas pasan por las espaldas de sus miembros sin que se produzcan cambios: el Senado puede ser actor revelación en la próxima legislatura. Pero ¿cómo se elige y para qué sirve?

El Senado es una cámara de elección mixta: alrededor de un 80% de sus escaños se designan de forma directa en las elecciones generales, por listas abiertas y según circunscripciones provinciales. El pasado domingo había en juego 208 asientos, a razón de cuatro por cada provincia (las provincias insulares son una excepción, y cada isla o agrupación de ellas conforma una circunscripción).

La cámara acoge a otros 58 senadores elegidos de forma indirecta: los parlamentos autonómicos designan a un senador y otro más por cada millón de habitantes de la Comunidad Autónoma. Por eso el Senado no cuenta con un número fijo de sillones.

Sobre el primer grupo, el reparto de escaños está diseñado para sobrerrepresentar a la fuerza mayoritaria de cada provincia bajo una dinámica tan enrevesada como desconocida por el común de los ciudadanos. Lo normal es que los partidos presenten tantos candidatos como opciones de voto tienen los electores, que pueden marcar hasta tres nombres. Los escaños se quedan en los aspirantes con más apoyos. Como se acostumbra a votar en bloque, los tres aspirantes más apoyados acaban siendo del mismo partido, con lo que las circunscripciones que eligen cuatro senadores -la mayoría-, suelen designar tres senadores de la formación mayoritaria y uno de la segunda fuerza.

No obstante, bastaría que el electorado conociese el sistema para ser capaz de ‘boicotearlo’ e impedir que la fuerza más votada se haga con tres asientos en la cámara alta, gracias a las listas abiertas. Por ejemplo, si los votantes de la segunda y tercera fuerza de una provincia se reservaran uno de los tres votos para votarse mutuamente, es muy probable que esa segunda y tercera fuerza se hiciera con el primer y segundo escaño de senador repartido en la circunscripción.

En la situación actual, imaginemos una provincia en la que el PP ha conseguido el 25% de los votos, el PSOE el 22% y Podemos el 18%. Si los electores votan a los tres candidatos de su lista preferida, tres escaños irán para el PP, por haber sido apoyados, cada uno, por el 25% del electorado. El cuarto iría para el PSOE, cuyo cabeza de lista al Senado se queda con el 22%. En cambio, si los electores de PSOE votasen a los dos primeros nombres de su lista y reservaran el tercer voto para el primer candidato de Podemos, ese nombre sería el más votado, puesto que habría conseguido los apoyos de los votantes socialistas (22% de los votos) más los de Podemos (18% de los sufragios) superando con creces a los tres nombres del PP.

Un feudo imbatible del PP

A través de este engranaje los populares han conservado el control de la mayoría de la cámara, con lo que pueden vetar cualquier propuesta de reforma constitucional. El PP ha perdido un tercio de sus apoyos respecto en el Congreso pero solo se deja 12 escaños en el Senado. Mantiene 124 de los 208 sillones en liza en las generales. La fuerte caída del PSOE tan solo se paga, por otro lado, con un escaño de menos: los socialistas pasan de 48 a 47 senadores por elección directa. Entra con fuerza relativa Podemos, que logra 16 escaños, mientras Ciudadanos no obtiene representación en la cámara.

Conformado para dar representación a las distintas realidades políticas de unas Comunidades Autónomas en pañales hace más de tres décadas, el Senado ha perdido su razón de ser en opinión de cada vez más voces. Pero PP y PSOE continúan pensando que dos cámaras piensan mejor que una, defienden un sistema bicameral por ser el más común en el resto de países y ponen en valor la segunda vuelta que supone el paso de las leyes por el Senado; aunque la última palabra sea, en la inmensa mayoría de los casos, del Congreso.

Por otra parte, la crisis económica y las políticas de austeridad han refrescado la memoria con un dato doloroso en época de recortes: el Senado consume alrededor de 55 millones de euros anuales en engrasar una maquinaria que interesa a muy pocos. Con la clásica imagen del ‘cementerio de elefantes’ muy presente, las voces discordantes insisten en que el Senado es un retiro dorado para los que salen de la primera línea de los grandes partidos.

El salario base de un diputado es 2.814 euros al mes, y el principal complemento es la partida de gastos por alojamiento y manutención: los servidores públicos elegidos en una circunscripción distinta a Madrid reciben 1.823 euros adicionales al mes para pagar los gastos de hotel o arrendamiento en la capital, así como las comidas. Para los diputados y senadores por Madrid también hay una dieta, de 870 euros. Es una cantidad exenta de tributación.

Además de la capacidad para enmendar o vetar los proyectos y proposiciones de ley procedentes del Congreso de los Diputados, la realidad es que un ‘no’ del Senado acaba siendo un ‘sí’ con la sola fuerza del Congreso. El Senado solo lograría retrasar el trámite de las leyes con su veto, aunque también tiene potestad para elegir a cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional y a diez de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial. No obstante, hay algunos supuestos en los que su figura resulta clave: su voto cuenta en una situación en la que hay que intervenir en una Comunidad Autónoma o cuando se intenta reformar la Constitución.

En este último supuesto, el más urgente para algunos partidos como Ciudadanos, Podemos o IU, tanto por el procedimiento “simple” como por el “agravado” son necesarias amplias mayorías en ambas cámaras para reformar la Carta Magna. El PP podría vetar cualquier reforma de la Constitución.

De proponerse una reforma por el procedimiento simple, se requerirían tres quintos en el Congreso, pero también en el Senado, en el que el PP conserva la mayoría absoluta. Si no se lograra, debería conformarse una comisión paritaria de Congreso y Senado para proponer un nuevo texto. Si no hay acuerdo todavía se puede aprobar la reforma, pero se necesita mayoría absoluta en el Senado y mayoría de dos tercios en el Congreso.

Por el camino largo, la reforma de la Carta Magna debería aprobarse por mayoría de dos tercios en Congreso y Senado. Habría que disolver las Cortes y convocar elecciones, tras lo cual las nuevas cámaras deberían confirmar, por mayoría de dos tercios, que avalan el nuevo texto constitucional, que también habría de ser aprobado en un referéndum. En cualquier escenario, los senadores del PP tendrán un voto decisivo.