El empresario favorito de Esperanza Aguirre, a la caza de los kioskos del Retiro

La empresa de catering Grupo Arturo, de la que es máximo responsable el presidente de la patronal de empresarios de Madrid y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, está interesado en hacerse con los kioskos del Parque del Retiro. El Ayuntamiento de la capital ha modificado las condiciones de las concesiones de estos establecimientos para permitir la entrada de grandes empresas.

Según han indicado a EL BOLETÍN fuentes de Grupo Arturo, se mantienen a la espera de recibir los pliegos con las nuevas condiciones para acceder a la gestión de estos tradicionales kioskos, que hasta ahora pasaban de padres a hijos. Esas mismas fuentes han precisado que cuando la empresa de catering conozca los detalles del concurso lanzado por Ana Botella decidirá si intenta hacerse con la gerencia de estos establecimientos.

Aunque se trata del primer grupo privado que reconoce estar interesado en los kioskos del madrileño parque del Retiro, las fuentes consultadas han tratado de restar importancia a este hecho asegurando que Grupo Arturo siempre valora todos los concursos públicos lanzados en la ciudad.

Las pretensiones de Arturo Fernández, uno de los empresarios más cercanos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, han terminado de enfurecer a los kiosqueros, que están a punto de perder sus centenarios negocios familiares al no poder enfrentar las nuevas condiciones del Ayuntamiento.

Los kiosqueros comenzaron el pasado mes de diciembre sus protestas ante las nuevas condiciones del concurso del consistorio, que no han conseguido frenar. El Ayuntamiento precisó este lunes que el proceso de adjudicación de los establecimientos del Retiro sigue adelante. Tras el trámite de subsanación de errores, que acabó ayer, las nuevas condiciones se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) y después se convocarán las mesas para abrir las plicas.

Los hasta ahora gestores de los once kioskos del parque consideran este proceso “injusto” porque “triplica las tasas que deben pagar los futuros adjudicatarios”.