El Gobierno multará a las autonomías que no recorten el déficit

El Gobierno ha anunciado hoy que multará a las comunidades autónomas que no recorten su déficit. Según el responsable de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro, las regiones que no corrijan su desviación en seis meses serán sancionadas con un 0,2% de su PIB nominal. Se trata de una de las medidas que recoge el anteproyecto de Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria aprobada por el Consejo de Ministros.

Montoro ha adelantado, al término de la reunión del Ejecutivo, que si las comunidades autónomas incumplen con el compromiso de déficit tendrán que realizar un depósito por el 0,2% de su PIB que, transcurridos seis meses y si persiste el incumplimiento, se convertirá en multa.

Aunque la medida recogida en el anteproyecto de ley no se queda ahí, ya que también contempla que si pasados nueve meses el déficit sigue sin ser corregido, una delegación del Gobierno central se trasladará a la comunidad incumplidora para valorar la situación financiera de la misma.

Además, esta ley establece que las comunidades autónomas tendrán que enviar las grandes líneas de sus presupuestos autonómicos al Gobierno central antes de aprobarlos.

Referente.

Según ha indicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria es una “reforma estructural de primer orden” que convierte al país en “referente” en Europa en materia de gobernanza económica y en “pionero” en el control del gasto.

La portavoz del Ejecutivo ha indicado también que con este proyecto, que hace de la consolidación fiscal algo “imprescindible” para volver a la senda del crecimiento y del empleo y para devolver la credibilidad y la confianza en el país, “España está tomando la delantera y además en un plazo muy reducido”.

Sáenz de Santamaría ha indicado también que el anteproyecto aprobado, que se enviará ahora al Consejo de Estado antes de la aprobación definitiva por parte del Gobierno, cuenta con el consenso de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. El Ejecutivo espera sumar a ello un “amplio consenso” parlamentario.