Las diez promesas que Rajoy sigue sin cumplir a menos de un año de las elecciones

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Las diez promesas que Rajoy sigue sin cumplir a menos de un año de las elecciones

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno

Recortes en Sanidad, rescates a las cajas y reformas pendientes en el sistema de financiación autonómica, son algunas de las tareas que debe finalizar antes del examen de las urnas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, arrancó su camino hacia la presidencia de Gobierno con firmes propósitos y buenas intenciones, que se fueron multiplicando y renovando a medida que se acercaba el examen en las urnas, de las que obtuvo mayoría absoluta. Sin embargo, el tiempo avanza y muchas de estas promesas que pretendían mantener a su electorado contento y prefiguraban la recuperación económica siguen en el aire y, de momento, no se vislumbra la fecha en la que sus palabras vayan a hacerse realidad.

La dejadez o el olvido del líder del Partido Popular se retratan en diez promesas que el presidente no ha conseguido cumplir en los tres años de legislatura que lleva ya a las espaldas. Deberes pendientes para este nuevo año 2015, justo cuando comienza la cuenta atrás para las próximas elecciones, primero las autonómicas y municipales en mayo y más tarde las generales en noviembre.

Uno de los casos más sonados ha sido el de la ‘Ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada’ que Rajoy introdujo en su programa electoral, antes de ser elegido en las urnas. Más conocida como la reforma de la ley del aborto de la socialista Bibiana Aído, la propuesta no se llevó a cabo por la falta de consenso en la sociedad, según afirmó el propio presidente, y acabó saldándose con la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón.

Sin embargo, otras medidas introducidas en Sanidad también han contado con la oposición de un amplio sector de la sociedad y, aun así, han sido puestas en marcha, tal y como recuerdan muchas organizaciones y líderes antiabortistas que ahora se declaran abiertamente antiguos votantes del PP. “Adoptaremos medidas que garanticen el acceso universal a unas prestaciones de calidad”, declaraban desde el Ejecutivo antes de aprobar el repago farmacéutico, con el que los pensionistas deben pagar un 10% de los medicamentos, la salida de la cobertura familiar de la Seguridad Social de los mayores de 26 años y a los inmigrantes en caso de no cotizar, y la pérdida de la tarjeta sanitaria al abandonar el país más de tres meses.
 
Estas medidas se han tomado como parte de los planes de austeridad impuestos por Bruselas y sus socios de la Troika, según ha explicado el propio Gobierno. Sin embargo, esta abstinencia en el gasto público no se ha aplicado de la misma manera con las cajas de ahorros. Las entidades más debilitadas han recibido un milmillonario rescate con cargo a las arcas públicas, previo préstamo de la UE. “Si hay que inyectar dinero a las cajas, se recuperará”, aseguró el presidente del Gobierno. Lo que no se sabe es dentro de cuántos años pasará. Sí que hay cifras para lo que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) lleva perdido hasta la fecha: 1.438 millones de euros.
 
Otra fecha que aun no está escrita en el calendario es la reforma del sistema de financiación autonómica. Desde Hacienda, instaron a los presidentes de las autonomías a esperar a mejorar la recaudación antes de empezar a pensar en cambios de modelo. A pesar de que los ingresos del Estado se han incrementado gracias a la subida de varios impuestos, la prometida reforma no se ha llevado a cabo, aunque sea un asunto de vital importancia que se ha intentado capear con esquemas como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el más nuevo aún Fondo Social.
 
Del mismo modo, la publicación de la lista de morosos que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció en 2012 y que fue incorporada en la nueva Ley General Tributaria aun no ha visto la luz.
 
Continuando con los recortes, las energías renovables han visto mermado su presupuesto como medida para liquidar el déficit de la tarifa eléctrica. La promesa inicial era una reforma en el sistema energético que pretendía poner fin a la deuda contraída con las compañías del sector y modificar la forma en que estas fijan el precio de la luz, tal y como anunció José Manuel Soria, ministro de Industria, hace ya más de un año. Sin embargo, todavía no se ha encarado la reforma del conocido como ‘pool eléctrico’, quizá por todos los problemas que ya han acarreado las modificaciones acometidas, como son los litigios que España va acumulando ante tribunales de arbitraje internacional por el fin de las ayudas a las energías verdes. Muchas de ellas, con eminente jeques del petróleo del Golfo Pérsico.
 
Paralelamente, las autopistas que se encuentran al borde de la quiebra también siguen a la espera de la prometida solución del Gobierno a su situación. Y es que, desde Fomento culpan al Gobierno anterior de que los datos sobre el tránsito de viajeros en los que se basaron para construir estas vías no eran reales, y ahora aseguran que no les rescatarán si cuesta dinero a los ciudadanos. El esperado ‘banco malo’ de las autopistas sigue siendo únicamente un proyecto en los despachos de los colaboradores de Rajoy.
 
Otra promesa incumplida ha sido la incorporación del sistema de formación profesional para las empresas. El líder del PP aseguró que era un tema muy relevante y que se llevaría a cabo en 2013. Cierto es que el Plan de Formación programado para el 2015 recuerda en parte a esta proposición, pero el Ministerio de Empleo no ha presentado ninguna reforma concreta sobre esta materia.
 
Pende también sobre el tejado de La Moncloa, la privatización del 49% de AENA, que igualmente forma parte de los planes del Gobierno para este año que comienza. Después de que su salida a bolsa se viera frustrada por faltar parte de la documentación necesaria, teniendo ya todos los preparativos listos, inversores dispuestos a tirar de chequera e incluso un consejo de administración para gestionarlo.
 
Por último, Montoro sigue sin publicar un Estatuto de la Agencia Tributaria, a pesar de haberlo anunciado en múltiples ocasiones. Lo último que se sabe del caso es que el ministro de Hacienda propuso al resto de organizaciones políticas negociar los parámetros que marcarán el funcionamiento de esta entidad. La falta de entendimiento y la acumulación de otras cuestiones más urgentes para cumplir con la Troika han dejado la redacción de este documento en segundo o tercer plano.
 
Y ahora, el presidente del Gobierno, ¿tratará de cumplir todas aquellas promesas que se han quedado por el camino en lo que queda de legislatura? ¿O las seguirá dejando en el aire confiado en que Podemos no le apeará del Palacio de la Moncloa?

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