CCOO carga contra la consejera por hacer ‘oídos sordos’ a las sentencias judiciales, que reconocen el derecho de interinos y docentes en prácticas a cobrar estas retribuciones. El sindicato CCOO ha presentado hoy una denuncia contra Lucía Figar por prevaticación al no pagar trienios y sexenios a los profesores interinos y en prácticas. Según esta organización, la consejera de Educación madrileña está haciendo ‘oídos sordos’ a las sentencias judiciales que reconocen el derecho de estos docentes a cobrar las mencionadas retribuciones.
Según explica la organización sindical en una nota, ha decidido emprender medidas legales contra Figar ya que está ignorando “el criterio judicial ya establecido en el 100% de los juicios ganados por CCOO en relación al cobro de trienios y sexenios para el profesorado interino y en prácticas”.
CCOO explica que todo el profesorado interino y en prácticas debe solicitar su reconocimiento de los trienios y sexenios ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y posteriormente, “ante el silencio” que reciben como respuesta, “deben interponer recurso de alzada, siendo este desestimado sistemáticamente, y debiendo de recurrir a contencioso judicial cada trienio y sexenio”.
El sindicato remarca que está ganando la totalidad de estos juicios en los tribunales y recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha concluido “que no hay duda en el criterio judicial en este sentido”, por lo que no entienden la actitud de Figar.
En la mencionada nota, CCOO indica que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) “lleva tres años dictando sentencias estimatorias sobre el abono de los trienios y de los sexenios, al igual que los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid, donde son incontables el número de Resoluciones Judiciales estimatorias al respecto”. Unas resoluciones que la consejera conoce y que, sin embargo, “no abona de oficio, pero tampoco en vía administrativa, sino que obliga a acudir a contencioso, colapsando de este modo esta jurisdicción y vulnerando el principio de economía procesal”.
Ante esta situación, el sindicato ha afirmado que “nos encontramos ante un intencionado y grave atentado procesal, con clara dejadez de funciones de la Consejería y abuso de poder institucional”. A su juicio, “se está atentando contra multitud de normativas y derechos fundamentales y constitucionales, causando indefensión a los afectados”, lo que ve como “una muestra más de la prepotencia y desprecio a la normalidad democrática por parte de esta Administración”.
CCOO considera que esta “mala fe” no puede quedar impune, y precisamente por ello ha interpuesto la denuncia por prevaricación. El sindicato asegura que utilizará “todos los medios a su alcance, dentro del Estado de Derecho, para que las actuaciones de esta Consejería sean denunciadas y reparadas y tenga que asumir sus responsabilidades políticas”.
