JOSÉ IGNACIO WERT

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El Congreso dará luz verde este jueves al controvertido proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). El Congreso dará luz verde este jueves al proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que no cuenta ni con el apoyo de la oposición ni con el del sector cultural. La Cámara Baja debatirá y, previsiblemente, aprobará las enmiendas incorporadas por el Senado, que son cinco introducidas por el PP, la mayoría de carácter técnico, salvo la elevación de las sanciones por piratería.

Durante el trámite parlamentario, representantes del sector cultural han organizado varias concentraciones en las últimas semanas en protesta por esta ley. Asimismo, la compensación irrenunciable por parte de los agregadores de noticias a los editores ha levantado críticas entre algunos de ellos y el aviso de Google de que podría cerrar su servicio de ‘Google News’ en España.

Precisamente, esta compensación, junto a las multas de hasta 600.000 euros para luchar contra la piratería, la búsqueda de una mayor transparencia en las entidades de gestión y la ventanilla única en el pago de derechos de autor son algunas de las claves de la LPI que, según ha reiterado en varias ocasiones el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es solo una reforma “parcial”, puesto que el Gobierno realizará una modificación de «más amplio calado» previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre propiedad intelectual.

Ante la inminencia de la aprobación definitiva del texto, al que sólo le restará su publicación en el B.O.E para entrar en vigor en enero de 2015, las entidades de gestión, agrupadas en la asociación Adepi, han enviado esta semana una carta dirigida a todos los diputados en la que les piden no voten esta reforma que, según destacan, traerá “graves consecuencias” para el país, que no está “aprovechando el tirón de la gran oferta cultural”.

Tal y como ha indicado a Europa Press el director de Adepi, Antonio Fernández, “cuando la ley entre en vigor reducirá cientos de miles de salarios de profesionales del sector cultural, al recortar arbitrariamente sus derechos, dificultará la gestión y no aportará soluciones eficaces en la lucha contra la piratería”.

Esta carta se une a las diferentes concentraciones frente a la Secretaría de Estado de Cultura, en la que rostros conocidos como los de Ana Belén, Víctor Manuel, Héctor Alterio, el académico y director teatral José Luis Gómez, Pilar Bardem, Luis Cobos o Montxo Armendáriz, entre otros, han protestado por esta ley.

Uno de los temas que más han criticado las entidades de gestión es la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un sistema que consideran injusto puesto que involucra a toda la sociedad, pero también insuficiente, porque la cantidad destinada es mucho menor que la obtenida con el canon.

Las entidades de gestión han afirmado en diversas ocasiones que están dispuestas a tomar medidas “judiciales” que “supondrán reclamaciones por perjuicio patrimonial que, si Europa termina por dar la razón a las entidades, podrían suponer a medio plazo indemnizaciones de cientos de millones de euros”.

Otro de los temas que han generado discrepancias es la llamada ‘tasa Google’, una compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, para la que los socialistas han exigido la posibilidad de renuncia, así como la inclusión de compensaciones para periodistas y fotógrafos.