El sindicato Comisiones Obreras ha solicitado la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias y del director general de Ejecución Penal para que expliquen los experimentos eléctricos llevados a cabo con presos en las cárceles de Huelva y Córdoba, tal y como adelantó El País.
El experimento consiste en suministrar corriente eléctrica de 1,5 miliamperios en la frente de estos internos para evaluar la evolución de sus sentimientos y pulsiones violentas. Según informó el diario del grupo Prisa, la investigación científica se aplicó a 41 presos violentos, 15 de ellos homicidas, para estudiar su agresividad.
CCOO ha solicitado al Ministerio del Interior que paralice definitivamente el experimento ajustándose a las reglas penitenciarias europeas, que prohíben que se realicen experimentos médicos o científicos con los presos, salvo que se tratara de investigaciones terapéuticas que permitieran esperar un beneficio directo y significativo para su salud.
“Nos parece muy preocupante y cuanto menos cuestionable equiparar la violencia a una enfermedad y el intento de patologizar a las personas que cometen hechos delictivos violentos, dado que puede ponerse en cuestión su responsabilidad penal. Ni todas las personas violentas son enfermas, ni todas las personas que sufren alguna patología mental son violentas”, asegura CCOO en un comunicado.
El sindicato resalta que la presunta voluntariedad de los reclusos a participar en estos experimentos no otorga derecho. Particularmente porque hay reclusos especialmente vulnerables, como los condenados a penas de larga duración por delitos violentos, que participarían en “cualquier experimento” con tal de salir un rato del módulo a charlar con alguien ajeno a la Institución, o buscando beneficios penitenciarios y el acortamiento del tiempo en prisión, recuerda Comisiones Obreras.
CCOO recuerda que el personal penitenciario es uno de los pocos colectivos públicos que tiene su propio Código deontológico, elaborado el 21 de febrero de 2011, siguiendo las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa R (2006). “De haberse realizado estas prácticas, estaríamos ante una vulneración de los principios y normas éticas establecidas en nuestro código ético profesional”, finaliza su comunicado.
