Las acciones A de la renovable sevillana logran aferrarse a las alzas durante buena parte de una sesión en la que empiezan 30 días decisivos para su futuro.
La gráfica de Abengoa se tiñe de rojo intenso al arranque del plazo para la adhesión de acreedores a su propuesta de reestructuración financiera. El periodo en el que la renovable sevillana intentará esquivar definitivamente el concurso de acreedores se extenderá hasta el próximo 25 de octubre y se inicia con caídas de hasta el 8%.
El castigo más pronunciado lo han sufrido las acciones de clase B de la compañía, las más numerosas y líquidas y frecuentemente más volátiles. Las de tipo A, menos comunes, con más derechos políticos y llamadas a su progresiva desaparición, han llegado a sufrir retrocesos del 2% en los cruces más bajistas de la primera mitad de la sesión de este lunes.
La adhesión de los acreedores de Abengoa a su hoja de ruta es imprescindible para seguir avanzando en su reestructuración y reflotación financiera. Una circunstancia que varias casas de análisis han llegado a poner en duda al apuntar que la llegada de apoyos a este plan podría ser más complicado de lo anunciado en un principio, a sumar al hecho de que la deuda con proveedores se ha quedado fuera del cómputo para conseguir que el juez instructor del proceso concursal abriese este nuevo capítulo hacia el resurgir de cotizada.
En el comunicado remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la madrugada del viernes se explica que, como prescribe la ley vigente, el objetivo es conseguir que al menos los titulares de un 75% de la deuda viva del grupo se adhiera a su propuesta de convenio para solicitar así la homologación judicial de la misma. En este caso, el juez extendería por mandato a todos los acreedores de la sociedad los términos de reestructuración de pasivo contenidos en el documento.
Esta hoja de ruta fue suscrita ya el pasado 11 de agosto por los principales acreedores de la renovable, que en su plan de viabilidad contempla su regreso hacia el negocio de las infraestructuras que fue su origen. En virtud de este convenio, se establece la inyección de 1.170 millones de euros así como la conversión de deudas en capital de la propia sociedad, con la consiguiente dilución de los actuales accionistas, que con los Benjumea al frente quedarían relegados a un papel testimonial en el nuevo capital de la sociedad.
La compañía ya ha avanzado en su plan de reflote con la recuperación de proyectos estratégicos en Latinoamérica, así como con la ejecución de varias desinversiones tanto en su mercado doméstico como en algunos internacionales como EEUU, foco de su expansión al otro lado del Atlántico. Asimismo, algunos prestamistas han adelantado un crédito de urgencia con el objetivo de que la andaluza cuente con liquidez suficiente como para afrontar el pago de nóminas a sus trabajadores y evitar así un nuevo frente abierto que minase la productividad de sus instalaciones.
