ACS reclama otros 500 millones a España: ahora por el AVE a París

Sede de ACS
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La constructora ACS que preside Florentino Pérez, junto con la gala Eiffage, ha invocado a la responsabilidad de España y Francia en el fracaso del tren de alta velocidad transfronterizo. ACS redobla su embate hacia las arcas públicas. Después de haber logrado una milmillonaria indemnización por el proyecto Castor, habría presentado la mayor demanda hasta la fecha de una compañía privada contra el Estado español. La presidida por Florentino Pérez reclama 500 millones de euros por el AVE a París.

La denuncia estaría ya en manos de un tribunal de arbitraje, según publica este martes El Confidencial, para cuya formulación ACS habría sumado fuerzas con la francesa Eiffage, su contraparte gala en el proyecto transfronterizo ferroviario de alta velocidad. La demanda de indemnización se dirige también contra el Estado Francés, promotor también del AVE entre las ciudades de Barcelona y París.

El montante exacto de la reclamación asciende a 484,79 millones de euros, según han informado al diario digital fuentes próximas a TP Ferro, la sociedad filial de las dos constructoras y concesionaria de la infraestructura pirenaica. Esta iniciativa ha llegado a solo dos días de que la junta de acreedores de la firma filial conjunta certifique su entrada en fase de liquidación. Una situación de la que se acusa a los dos países promotores de la obra por haber anunciado unos tráficos de pasajeros que nunca se han cumplido.

Esta concesión pública fue concedida por el Gobierno español en tiempos de José María Aznar, cuando a este le quedaban apenas dos meses para abandonar La Moncloa. Después, en marzo de 2015, entró en concurso de acreedores con una deuda acumulada de 428 millones de euros que nunca ha permitido su salida de la suspensión de pagos, explica el diario digital. Ya en tiempos de Mariano Rajoy, la presidida por Florentino Pérez exigió la inyección de dinero público para el proyecto por parte del Ministerio de Fomento, petición que sin embargo ha resultado desoída hasta la fecha.

La constructora española habría invocado en su demanda a la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) para exigir estos pagos. Esta garantía ha sido habitualmente incluida en las concesiones privadas de infraestructura pública por los distintos gobiernos españoles y por ella se asegura que en el hipotético caso de que el negocio no marchase según lo previsto, el Estado debería hacerse cargo de las pérdidas asumidas.

Esta reclamación se sumaría a los 1.350 millones de euros que ACS ya ha recibido como indemnización por el cierre del depósito marítimo de gas Castor. El polémico almacén frente a las costas de Castellón habría recibido fuera de los cauces más públicos hasta 295 millones de euros en compensaciones por orden del exministro José Manuel Soria, titular de la cartera de Industria mientras se produjeron los polémicos hechos, según publicó el mismo rotativo.