La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una renta mínima de 426 euros para personas sin recursos acabará en el Tribunal Constitucional si PP y Ciudadanos continúan obstaculizando su tramitación, ya que sus impulsores – CCOO y UGT- anuncian que si no se corrige esta situación promoverán un recurso de amparo ante el TC.
CCOO y UGT denuncian la situación de bloqueo que sufre la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la puesta en marcha de una Prestación de Ingresos Mínimos, ya que se cumple casi un año, desde que en junio de 2016 se registró, con el aval de 710.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas, y casi medio año desde que en febrero de 2017 una mayoría de grupos parlamentarios (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PdCat, CC, Bildu) que suman 181 escaños, aprobaran su tramitación como proyecto de Ley, que contó con el rechazo de PP y Ciudadanos.
Ambas organizaciones sindicales han comenzado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios (ya se han visto con Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos) “para denunciar la situación de bloqueo, que una minoría parlamentaria está imponiendo a la tramitación parlamentaria de esta prestación, que se encuentra de forma ininterrumpida en una fase de presentación de enmiendas, que se prorroga sistemáticamente desde hace meses”.
Denunciando que el plazo de presentación de enmiendas a la proposición de ley se ha prorrogado 13 veces como resultado de las “prácticas de obstruccionismo parlamentario” que -en su opinión- están llevando a cabo Ciudadanos y PP en la Mesa del Congreso, prácticas –que en opinión de los sindicatos- “vulneran la Constitución por lo que deben ser corregidas de manera inmediata”.
Por ello, delegaciones de CCOO y UGT, encabezadas por Carlos Bravo y Adela Carrió, respectivamente, han hecho ante el Congreso de Los Diputados un llamamiento a los grupos parlamentarios para que den cumplimiento al mandato ciudadano y procedan a la tramitación del Proyecto de Ley de esta prestación, de la que se beneficiarían directamente 2,4 millones de personas, de las que el 62% son mujeres, un 20% jóvenes y la mitad mayores de 45 años.
En este sentido, ambos sindicatos han recordado que esta Prestación de Ingresos Mínimos tiene como objetivo garantizar una prestación económica a todas aquellas personas que estando en situación de trabajar carecen de empleo y de ingresos suficientes para vivir, durante todo el tiempo en el que subsista dicha situación.
CCOO y UGT reclaman a grupos parlamentarios que garanticen la tramitación de esta prestación y no se burle el derecho de los ciudadanos a participar en la vida legislativa de nuestro país, mediante la Iniciativa Legislativa Popular.
