Los expertos consultados por Americaeconomica.com aseguran que la decisión de la petrolera Repsol YPF de pagar 207 millones de dólares a Venezuela por los derechos sobre un campo petrolero podría animar a otras firmas privadas a retomar sus proyectos en el país latinoamericano, suspendidos con la caída de la demanda y los precios del crudo. Aún así, el aumento de los costes sigue siendo un gran problema para que Hugo Chávez pueda sacar adelante todos sus proyectos petroleros en la Faja del Orinoco, que previsiblemente volverán a licitarse en septiembre.
Repsol se ha convertido en la primera firma privada en concretar el acuerdo, y, al menos 19 petroleras están a la espera de que se concrete la asignación o extensión de campos de crudo y gas, lo que paulatinamente incrementaría la participación de empresas extranjeras en la industria enegética venezolana tras la oleada de estatizaciones que sacudió al sector desde el 2006.
Con la nacionalización de los recursos petroleros llevada a cabo por el gobierno de Hugo Chávez en 2007, el Estado posee al menos 60% en cualquier proyecto de inversión del sector y sus asociados, como es el caso de Repsol, que retendrá 40% en el proyecto.
Las compañías rusas también esperan su oportunidad en el país. Y no sólo Lukoil y Gazprom, sino también otras compañías como Rosneft, TNK-BP y Surgutneftegaz. Sin embargo, la financiación es indispensable para adentrarse en la aventura de la Faja del Orinoco. En las últimas reuniones entre Pdvsa y las autoridades rusas, se ha hablado de que sería necesaria una inversión de 20.000 millones de dólares, para conseguir obtener los 400.000 barriles al día esperados.
Según un documento oficial al que tuvo acceso Bloomberg el pasado mes de febrero, el plan de Chávez para aumentar la producción un 12% a través de una joint venture con firmas extranjeras, habría pasado a tener un coste de 14.500 millones de euros, más del doble de las estimaciones iniciales del Gobierno.
Venezuela ha reconocido que existen 19 socios extranjeros interesados en participar en proyectos dentro de siete áreas de la franja petrolera del Orinoco, cuya licitación se pospuso el pasado mes de junio ante el aumento de los costes. Cada grupo había pagado 2 millones de dólares por recibir la información técnica sobre los proyectos.
La operación de Repsol puede convertirse en un paso a seguir por el resto de compañías que, seguramente en las próximas semanas, estén muy atentas al retorno de las licitaciones.
El campo Barúa-Motatán, ubicado en el occidental estado Zulia, es operado por la empresa mixta Petroquiriquire, en la que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ostenta un 60%. La inversión anunciada en la nueva área es de 1.000 millones de dólares, con el objetivo de llevar la producción a unos 65.000 bpd en cinco años.
Repsol mantiene derechos sobre cuatro proyectos de crudo y gas en Venezuela, luego de que el mes pasado vendiera al Estado el campo de gas Barrancas y una planta eléctrica en occidente del país por 188,5 millones de dólares.
La empresa mixta Petroquiriquire también opera los campos Quiriquire y Mene Grande, este último adyacente a Barúa-Motatán y cuyas actividades podrían ser fusionadas como parte del proceso de racionalización del numeroso grupo de empresas mixtas en que participa PDVSA.
Repsol también participa en una licitación de campos de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, que actualmente se encuentra paralizada indefinidamente, y tiene un preacuerdo para explotar otro bloque en la Faja.
