La decisión de la Comisión Legislativa de Ecuador de poner fin a la autonomía del Banco Central del país ha reavivado los temores inflacionistas entre los expertos consultados por Americaeconomica.com que aseguran que, con la reforma por la que el Gobierno de Rafael Correa se encargará de definir las políticas monetarias del país andino, el Estado podría dar prioridad al crecimiento económico, descuidando los indicadores de inflación.
Según el diario El Comercio, “con el proyecto queda en manos del Ejecutivo la facultad de fijar las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. Para ello, el proyecto reforma los artículos que se refieren a la conformación del Directorio de la entidad y sus atribuciones”.
Según los analistas, ya existen los elementos necesarios para anticipar iniciativas de políticas monetarias expansivas. Mucho más teniendo en cuenta que para este año se espera una contracción del PIB del país del 0,2%, y del 2,3% para 2010.
Por este motivo, y con los nuevos poderes atribuidos, el Gobierno centrará la política monetaria en el crecimiento económico, lo que podría derivar en un descuido de los indicadores de inflación, en los que influye, y mucho, los precios del crudo.
La reforma aprobada con mayoría oficialista determina que el directorio del Banco Central estará integrado por un delegado del presidente, los ministros del área económica, un representante de las entidades financieras públicas, así como el Secretario Nacional de Planificación.
Anteriormente, los miembros del directorio eran designados por el poder Legislativo en base a una terna remitida por el mandatario. Las atribuciones que tenía la entidad también fueron cambiadas y ahora se limitarán a instrumentar las políticas económicas decididas por el Gobierno. La economía de Ecuador está dolarizada desde el 2000.
El presidente Rafael Correa propuso la reforma argumentando que la autonomía de los «bancos centrales fue una tendencia exigida desde los organismos internacionales para los países en vía de desarrollo», por lo tanto debía revisarse.
El Banco Central diseñará y presentará para aprobación del Ejecutivo propuestas de política económica, según la reforma, a diferencia de sus anteriores funciones que le permitían decidir y aplicar esos lineamientos. Además, deberá informar al presidente sobre la contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado.
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