El ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, avanzó hoy que su país firmará un acuerdo energético de futuro con España que “garantizará la seguridad y la estabilidad del suministro” a nuestro país, según informó EP. El ministro hizo estas declaraciones durante la reunión que mantuvo ayer en Caracas con la delegación que acompañaba al ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos.
Maduro consideró que el acuerdo arrancará “una nueva etapa” en las relaciones bilaterales entre los dos países, y que “fortalecerá la confianza” que están construyendo. También incidió en que Venezuela “ha recuperado sus recursos energéticos”, por lo que pueden garantizar la seguridad y la estabilidad del suministro.
Las empresas españolas pretenden cerrar una serie de acuerdos con diversas empresas venezolanas, y se espera que se firmen esta tarde en presencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que se reunirá con Moratinos.
Repsol es una de las compañías que aspira a firmar acuerdos con el Estado venezolano. Entre otras cosas, espera recibir la autorización para explotar el crudo en la Faja del Orinoco, aparte de negociar la venta de parte de su participación en varios proyectos.
Por su parte, Iberdrola ultima un acuerdo con Elecnor para la firma de un contrato de 1.443 millones de euros para construir una central eléctrica de unos 1.000 megavatios de potencia en Cumaná, y que generará alrededor de 5.000 empleos.
Por otro lado, Factorías Vulcano prevé suscribir otro acuerdo para proporcionar al país que preside Hugo Chávez cinco buques de investigación científica y oceánica por 700 millones de euros. Moratinos destacó que las empresas españolas pueden acompañar y aportar su “innovación y capacidad tecnológica” a Venezuela en gran variedad de sectores.
En los círculos financieros de Caracas se comenta que durante el viaje de la delegación de empresarios y Moratinos a Venezuela han planteado las dificultades con las que se encuentran en la actualidad para repatriar los beneficios que cosechan en suelo venezolano. Las autorizaciones son muy lentas por la enorme burocracia, algo que aprovecha el Gobierno, que prefiere que las compañías reinviertan las ganancias en el país. Las empresas españolas no creen que la situación vaya a cambiar.
