El presidente electo de Panamá, Ricardo Martinelli, jurará su cargo el próximo 1 de julio. Antes se comenzar su legislatura, los retos a los que deberá hacer frente, tanto el preocupante descenso de las inversiones extranjeras como las dificultades en la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se van agrandando a la espera de su resolución. Se espera que el discurso de toma de posesión aclare las cosas.
A pesar de que Panamá sigue siendo un país atractivo para las inversiones, especialmente en el sector de la construcción, los efectos de la crisis han golpeado de lleno a las cifras de inversión extranjera directa en el país, que durante el primer trimestre cayó un 31% respecto al mismo periodo del año anterior.
La Contraloría General de la República señaló en un informe que el país recibió entre enero y marzo 175 millones de dólares menos que los colocados en el primer trimestre del año pasado. El año pasado, la IED en Panamá fue de 2.401 millones de dólares, cifra superior a los mil 907 millones de dólares de 2007.
La cifra refleja la fuerte desaceleración de la economía de Panamá, cuyo Producto Interno Bruto creció un 2,5% en el mismo periodo. Aunque la cifra es muy superior a la de otros países más desarrollados, es cuatro veces menor a la registrada en el país en los tres primeros meses de 2008.
La caída más pronunciada ocurrió en el sector bancario de licencia general que en el primer trimestre invirtió 22 millones de dólares frente a los 246 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. El gobierno puso a disposición de los bancos más de 600 millones de dólares para poder satisfacer la demanda de crédito para áreas productivas ante las limitaciones en el mercado internacional a raíz de la crisis económica global.
Recuperar las cifras de inversión será uno de los principales retos del nuevo Gobierno de Martinelli, y se espera un discurso basado en una clara apuesta por la inversión pública para mantener el empleo e impulsar la economía. Por el contrario, este no será el único de sus principales quebraderos de cabeza.
El malestar en el sector empresarial de Panamá por el retraso en la firma definitiva del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EEUU y el país podría aumentar en las próximas semanas con la irrupción de nuevos obstáculos que entorpecen las negociaciones. Ahora es un informe del Departamento de Estado de EEUU que asegura que Panamá incumple los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas.
El informe del Departamento de Estado norteamericano aconseja a Panamá enmendar leyes contra la trata de personas para que se prohíba el trabajo forzoso, incluida la servidumbre doméstica involuntaria, mayores esfuerzos para investigar, enjuiciar, y condenar a los infractores, incluyendo a cualquier funcionario público que sea cómplice.
El presidente electo de Panamá, Ricardo Martinelli, sabe que sus primeros objetivos, tras la toma de posesión, será convencer a la comunidad internacional de la necesidad de eliminar al país de la lista de paraísos fiscales y firmar el TLC con EEUU. Sin embargo, el presidente de las Cámaras de Comercio panameñas, Adolfo E. Linares, ha explicado a este diario que son conscientes de que Barack Obama quiere rectificar el documento, no ha querido darle un mayor impulso por su interés de conseguir el apoyo de algunos congresistas republicanos, contrarios al acuerdo comercial, para probar sus proyectos de reforma del sistema sanitario.
Al parecer, algunos congresistas republicanos están presionando para que la Administración Obama considere que Panamá debe adecuar su legislación laboral, a fin de que se establezca en veinte el mínimo de trabajadores para conformar un sindicato. También se plantea una modificación a la Ley de Sociedades Anónimas, a fin de que se establezca un registro de las acciones al portador.
Linares, el presidente de las Cámaras de Comercio, ha asegurado a este diario que la intención de ciertos congresistas, y del Ejecutivo de EEUU, de querer condicionar la ratificación del tratado a que Panamá acceda a la fuerza a modificar ciertas legislaciones laborales, debe ser rechazada por el Gobierno de Panamá.
