Aumenta la tensión entre el Gobierno argentino de los Kirchner y el empresariado del país

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La dura batalla que mantiene la presidenta de Argentina con el Grupo Clarín, el principal conglomerado mediático del país, no está sentando nada bien a los empresarios del país latinoamericano. El presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, ha reclamado seguridad jurídica y reglas claras y ha querido dejar claro que “el empresariado no es un felpudo del Gobierno”.

Rattazzi ha realizado estas declaraciones en la conferencia “Argentina: perspectivas económicas y políticas”, que ha organizado la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y el Consejo de las Américas, órgano del empresariado de los EEUU con interés en la región, y al que acudieron centenares de empresarios locales, funcionarios y representantes de la oposición.

En dicho encuentro, según publica la prensa local, se formaron varios corrillos donde los representantes del sector privado expresaron su hartazgo por la dura ofensiva que la Casa Rosada ha emprendido contra los diarios La Nación y Clarín, por el control de Papel prensa, así como por el cierre de Fibertel, propiedad del Grupo Clarín.

Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Argentina, aseguró durante el encuentro que “Argentina tiene que volver a tener un comportamiento normal en lo referente a la seguridad jurídica, y que todos tienen que volver a respetar la Constitución del país.

La actitud del Gobierno de Cristina Fernández con Papal Prensa ha sido censurada por la prensa latinoamericana. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que sería inconstitucional que el Gobierno de Argentina declare de interés público la producción, distribución y comercialización del papel utilizado para las páginas de los periódicos. Así lo ha expresado la organización a través de un comunicado, en el que añade que, con esta medida, el Ejecutivo pretende controlar los medios del país.

El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que lo que les sorprende “es que el Gobierno haya llegado a estas instancias, haciendo expresa su intención de controlar los medios de comunicación a través de la regulación de la fabricación y distribución del papel periódico, un insumo básico de la industria periodística que en Argentina no es escaso ni presenta un problema de abastecimiento”.

Para el dirigente de este organismo, el hecho de que el Gobierno insista en tomar el control del papel, va en contra de la Constitución argentina, ya que el artículo 32 de la misma se establece que el Congreso Federal no puede dictar leyes que limiten la libertad de imprenta.

Esta respuesta viene a raíz del anuncio de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de enviar un proyecto de ley al Congreso con el que se pretende declarar de interés público la pasta de celulosa, su distribución y comercialización. La razón, según la mandataria, es evitar manejos ilegales y prácticas comerciales desleales.

En cuanto a la situación en la que se encuentran los diarios Clarín y La Nación, que fueron acusados por la presidenta de apropiarse de forma ilegítima en 1976 de la empresa Papel Prensa, cuya titularidad comparten actualmente con el Estado argentino, Alejandro Aguirre ha dicho que la justicia es el camino apropiado para solucionar este tipo de conflictos. El presidente de la SIP lamenta que este asunto se haya convertido en un escándalo público en el país.

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