El sindicato de trabajadores de Canal 13 considera que el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, ha traicionado su propia palabra, ya que cuando asumió sus funciones había asegurado que no vendería la estación católica. Sánchez también ha criticado el precio de la operación, que ha calificado de “vil” y, “a todas luces muy inferior al real”, según ha declarado en los medios locales.
También se han alzado las voces en contra de la venta desde el mundo de la política. El senador Hernán Larraín, de Unión Democrática Independiente (UDI), ha mostrado su rechazo a la venta de Canal 13 al Grupo Luksic. Larraín ha asegurado en la radio local que la Universidad Católica tiene una responsabilidad con el país por la venta y que el traspaso no era la mejor salida a los problemas que presenta la estación televisiva.
Según Larraín, Canal 13 lo recibieron la Universidad y la Iglesia como una concesión “por una razón superior”, para entregar medios de comunicación a instituciones sin ánimo de lucro. Sin embargo, el senador ha querido dejar claro que los Luksic son una familia muy respetable que ha contribuido al desarrollo económico chileno.
Según ha detallado la Universidad Católica en un comunicado, el convenio, firmado por el rector Ignacio Sánchez y el presidente del grupo empresarial, Andrónico Luksic, “implica la constitución de una nueva sociedad administradora”.
Andrónico Luksic ha asegurado en los medios locales que el acuerdo le “permite al grupo ingresar en un sector de las telecomunicaciones que tiene enormes expectativas de desarrollo a través de una marca, como es Canal 13, que fue pionera en Chile y que cuenta con un enorme prestigio en el país».
Desde la Pontificia Universidad de Chile, que se queda con el 33% del paquete accionarial de la nueva sociedad administradora, han asegurado que quieren “mantener su presencia en un medio de comunicación tan importante y acceder eventualmente en el futuro a una señal digital”, según declaraciones del rector Ignacio Sánchez.
Además, el acuerdo contempla la posibilidad de que la Pontificia Universidad Católica pueda ejercer una opción de recompra del 17% en los próximos años, y así poderse hacer con el control del 50%.
