La Policía concluye que la presunta trama de Moreno llegó a gestionar «hasta 130 sociedades» para el desvío de fondos

José Luis Moreno a su salida de la Audiencia Nacional por la 'Operación Titella' - EUROPA PRESS

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La Policía Judicial concluye que la presunta trama encabezada por el productor de televisión José Luis Moreno llegó a gestionar «hasta 130 sociedades» que se encontraban «repartidas por toda la geografía nacional» para conseguir financiación y «ocultar y desviar los beneficios obtenidos ilegalmente».

Así consta en un oficio de 21 junio, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, donde el magistrado Ismael Moreno dirige la investigación que llevó a la detención del ventrílocuo en el marco de la ‘Operación Titella’.

Los investigadores sostienen que el centenar de sociedades carecían en su mayoría de actividad real y que eran «administradas por hombres de paja» que «han permitido que los verdaderos administradores permanecieran ocultos y en el anonimato, lucrándose con impunidad».

Los agentes empezaron a investigar a Moreno y a sus socios el 18 de septiembre de 2018 a petición del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, a raíz de una querella presentada por Abanca por un presunto delito de estafa. De forma paralela, la Policía Nacional ya estaba investigando denuncias presentadas por dos empresarios y había tramitado también el aviso de un empleado de ING Direct que daba cuenta de una serie de estafas a través del «peloteo de pagarés».

Según explican en el informe, la operativa fraudulenta consistía en firmar pagarés –que cargaban a cuentas de las sociedades que la presunta trama tenía en otras entidades bancarias– sin que existiese una deuda real para así llevar a cabo la «disposición inmediata de fondos antes de cumplirse el plazo de devolución interbancario».

De esta manera, las empresas conseguían fondos a corto plazo antes de emitir el pagaré en favor de la siguiente sociedad de la organización. Según los agentes, lo harían con el objeto de «obtener una financiación irregular» y «cubrir las compensaciones de cheques/pagarés».

UNA TRAMA, DOS ORGANIZACIONES

Tras tres años de pesquisas, la Policía Judicial divide la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por José Luis Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, que «tiene presuntamente como actividad principal el tráfico internacional de drogas» y que utiliza a la supuesta organización en la que figura Moreno para «blanquear el dinero» obtenido del narcotráfico.

Los agentes subrayan que las conversaciones telefónicas intervenidas reflejan que «ambas organizaciones movían grandes cantidades de dinero en efectivo». «Como prueba de ello tenemos el SMS remitido (…) el 11/11/2020 en el que hay una fotografía en la que se aprecia una cantidad de unos 500.000 euros en fajos de billetes», añaden.

UN MILLÓN CADA 15 DÍAS

Los investigadores aseguran que los sospechosos movían «grandes cantidades de dinero en efectivo de manera regular, aproximando estas cantidades al millón de euros cada 15 o 20 días».

Según un escrito enviado al juzgado el pasado octubre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional cifra en 85 millones de euros el dinero presuntamente estafado a diferentes entidades bancarias por la supuesta trama encabezada por Moreno.

La Policía Judicial asegura en su informe que se trataría de «una organización criminal muy activa con gran movilidad, con muchas ramificaciones, y que opera tanto a nivel nacional como internacional».

La trama –precisan los agentes– dispone de «numerosas propiedades inmobiliarias» que utilizan para dotar de activos a las sociedades pantallas y para «ocultar los frutos y efectos» de su negocio, «lo que conlleva gran dificultad a la hora de poder localizarlos».

Ante los «sustanciosos beneficios» que los miembros de la presunta organización consiguieron con la actividad desarrollada desde 2017, los investigadores -ocho días antes de que tuvieran lugar las detenciones y registros– no descartaban la «existencia de riesgo de fuga de los investigados si llegasen a tener conocimiento» de la operación.

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