La plataforma ‘RMI Tu Derecho’ denuncia las «barreras» de acceso al Ingreso Mínimo que desampara a 600.000 hogares

La plataforma ‘RMI Tu Derecho’ denuncia las «barreras» de acceso al Ingreso Mínimo que desampara a 600.000 hogares

"Hasta la fecha el Gobierno no ha informado con detalle sobre las causas de tantos rechazos".

Pobreza

La Plataforma ‘RMI Tu Derecho’ ha denunciado las «barreras» de acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que introduce la nueva normativa y que unidas a los «evidentes problemas de gestión» de la prestación está dejando a «600.000 hogares» fuera del sistema.

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, critica que en los siete primeros meses de aplicación de la ley, «tres de cada cuatro expedientes resueltos fueran negativos», es decir el 75% del millón de solicitudes presentadas.

«Hasta la fecha el Gobierno no ha informado con detalle sobre las causas de tantos rechazos que muy probablemente tienen que ver con los requisitos y barreras que establece la propia ley para que las familias más vulnerables accedan a la prestación», lamenta la plataforma.

A su juicio, esta norma, en tramitación en el Congreso, «todavía contiene múltiples condiciones que rezuman desconfianza hacia los hogares excluidos».

A través de datos oficiales y estudios de distintas ONG, la entidad recoge los principales motivos de exclusión del IMV, divididos en tres grupos: económicos, requisitos generales de acceso y restricciones a determinados tipos de hogar, y señala que, en la versión inicial de la norma, estas barreras impedían el acceso a una horquilla entre el 31% y el 47% de los hogares en pobreza severa (una media de más de 840.0000 familias).

HAY MEJORAS PERO TODAVÍA QUEDAN BARRERAS

Con las modificaciones realizadas hasta el pasado 3 de febrero, este agujero se ha reducido en cerca de 250.000 hogares, bajando la no cobertura a una horquilla entre el 22% y el 33% (una media de 596.000).

Para ‘RMI Tu Derecho’, esta evolución representa una importante mejora pero todavía «deja atrás», en términos del Gobierno, a más de una cuarta parte de los hogares en extrema pobreza.

En cuanto a los requisitos económicos, señala como «barrera» que la norma tome como umbral de renta el importe de las pensiones no contributivas (461,5 euros/mes) rebajado en 10 euros, una cantidad que, señalan, se sitúa un 9,8% por debajo del umbral de «pobreza
severa» en 2019 (500,5 euros/mes). «Por tanto, se puede estimar que esta diferencia de umbrales supondrá la exclusión del IMV a entre 181.000 hogares y 213.000 hogares», según los diferentes datos recogidos.

Sobre los requisitos de acceso, critica que el decreto ley mantenga diversas restricciones para los hogares unipersonales. La primera de ellas es para las personas entre 18 y 22 años que viven solas, algo inexistente en la UE, segúb señala la plataforma, que explica que «la práctica totalidad de los países no establece límite de edad para los programas de garantía de rentas» o «lo sitúan en la mayoría de edad de 18 años».

MIEDOS DEL GOBIERNO

También sufren discriminación, en este sentido, las personas entre 23 y 29 años que viven solas y se han independizado hace menos de tres años o no han estado dados de alta en la Seguridad social en al menos doce meses durante los últimos; y a las personas 30 y más años sin pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente, y sin pensión no contributiva de jubilación o invalidez, que viven solas y han pasado a vivir independientes hace menos de un año.

La entidad cree que esta situación es consecuencia del miedo del Gobierno a que aumente el déficit fiscal, a la existencia de desconfianza hacia los hogares más pobres y «alejados de la normalidad» y a la posibilidad de un ‘efecto llamada’ de la inmigración.

Es por ello, que llaman al Ejecutivo a poner en marcha las propuestas que les han hecho llegar sobre este tema en los últimos meses. Aunque algunas de ellas, según destacan, ya se han ido incorporando en las últimas modificaciones, recuerdan a los partidos que hay tiempo antes de que termine la tramitación de la ley en el Congreso y en el momento de la posterior redacción del reglamento.

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