Así lo recoge el comunicado conjunto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Conferencia Episcopal, que señala que se ha llegado a este acuerdo “fruto del trabajo conjunto” entre el Ejecutivo y la Iglesia católica en materia de fiscalidad.
De esta manera, el Gobierno “procederá a la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos”.
“El acuerdo se desarrolla”, explica la citada nota, “en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación”.
Para el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Féliz Bolaños, se trata de un “acuerdo importante después de un año de trabajo intenso, de negociación intensa”, y “también discreta”. Este acuerdo, ha explicado tras un encuentro con el Nuncio Apostólico, Monseñor Bernardito Auza, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan José Omella, supone que la Iglesia “renuncia a los privilegios que tenía para no pagar determinados impuestos”.
Se traduce en el “fin de los privilegios fiscales de la Iglesia en el pago de impuestos”, ha remarcado, antes de apuntar que esto supondrá al año “más de 16 millones de euros” para los ayuntamientos.
En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Bolaños ha señalado que el “trato” que tiene la Iglesia católica en este sentido “es equiparable a cualquier entidad sin ánimo de lucro”.
