La Eurocámara denuncia regresión democrática en Hungría y acusa a los 27 de violar el derecho UE por inacción

Viktor Orban, primer ministro hungaro

Viktor Orban, primer ministro hungaro

La comisión de Justicia y Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha insistido este miércoles en denunciar la regresión democrática en Hungría y pedido que sigan congelados los fondos de recuperación que le corresponden, al tiempo que ha avisado a los Veintisiete de que el aplazamiento sistemático del proceso para examinar las amenazas al Estado de derecho suponen una violación del Derecho comunitario.

«Hungría se han convertido en un régimen híbrido de autocracia electoral y la inacción de la UE ha contribuido a este derrumbe del Estado de derecho, la democracia y los Derechos fundamentales», ha declarado la eurodiputada Gwendoline Delbos-Corfield, ponente del informe adoptado por la comisión parlamentaria y que será sometido al voto del pleno de la Eurocámara en su sesión de septiembre.

El texto incide en que desde hace varios años la deriva del Gobierno de Viktor Orban ha puesto en riesgo los valores europeos en Hungría, en donde pilares como la independencia del poder judicial, la libertad de prensa, la libertad de culto, la protección de la privacidad o el sistema electoral se ven amenazados de forma «sistemática».

Así las cosas, los eurodiputados critican especialmente lo que consideran inacción por parte de la Comisión Europea y de los Veintisiete, a quienes recuerdan que no es necesaria la unanimidad en el Consejo para avanzar en la evaluación que identifique las amenazas graves al Estado de derecho en el marco del artículo 7 de los Tratados.

En 2008, el Parlamento Europeo forzó la activación del mecanismo previsto en el artículo 7 para examinar las posibles amenazas graves al orden democrático en Hungría, un procedimiento que, en última instancia, puede llevar a la suspensión del poder de veto del país incumplidor en la toma de decisiones en el seno del Consejo. Para ese último paso sería necesaria una unanimidad con la que no cuentan los Veintisiete en este expediente, pero el mecanismo prevé pasos intermedios que no necesitan tal mayoría y tampoco se han dado.

Por ello, los eurodiputados advierten de que «todo retraso» en nuevas acciones dentro del marco previsto por ese artículo del Tratado «constituirá una violación del principio del Estado de derecho por parte del Consejo».