El proceso se inicia con la denuncia de un asesor parlamentario el pasado verano contra el expresidente de Baleares, según ha adelantado este miércoles El Confidencial y han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press.
Por su parte, fuentes de la formación naranja han señalado que se trata de un proceso confidencial en el seno del Parlamento Europeo, por lo que han evitado emitir cualquier valoración a la espera de las conclusiones de la Eurocámara.
Ahora el caso queda en manos del órgano, formado por cinco miembros pertenecientes a distintos grupos parlamentarios, con una presidencia rotatoria, que se reúne una vez al mes y examina las circunstancias de la presunta infracción y puede oír al diputado objeto de una denuncia. El comité trabaja en régimen de confidencialidad y una vez concluida la investigación, remite su dictamen y las posibles sanciones al presidente del Parlamento Europeo.
Precisamente el pasado enero, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, suspendió de empleo y sueldo durante 30 días a la eurodiputada del PSOE Mónica Silvana González por un caso de “acoso psicológico” contra tres asistentes parlamentarios, en la mayor sanción de este tipo en la historia de la institución.
Entonces la parlamentaria socialista negó las acusaciones y dijo haber sido “injustamente sancionada administrativamente” y que, además de recurrir la medida por el procedimiento interno previsto, también estudiaría la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
