El nuevo delfín del mandatario francés logró convencer a última hora al ala dura del Partido Socialista para que no bloquease la aprobación de las medidas. La Asamblea Nacional francesa ha aprobado finalmente este martes por 265 votos a favor, 232 en contra y 67 abstenciones (entre ellas las de más de 40 socialistas) el Pacto de Responsabilidad, el paquete de medidas anunciado hace unas semanas por Manuel Valls, el nuevo primer ministro de François Hollande, que pretende ahorrar 50.000 millones de euros hasta 2017.
En esta votación, el nuevo primer ministro no sólo se jugaba la aprobación de su plan de recortes sino también la hoja de ruta de las finanzas públicas de Francia durante los próximos tres años, que será enviada tras su aprobación a la Comisión Europea el próximo 7 de mayo.
Hasta el mismo lunes, tal y como informa Juan Manuel Bellver para El Mundo, el nuevo jefe del Ejecutivo francés no las tenía todas consigo. “El ala dura del Partido Socialista llevaba semanas amenazando con votar en contra el proyecto, molesta por los 30.000 euros en cotizaciones que se le van a perdonar a las empresas para animarlas a crear empleo y que obligarán a congelar pensiones, sueldos de funcionarios y gastos sociales”, explica el corresponsal en París del citado diario.
Pero, aparentemente, Valls terminó por convencer a sus ‘disidentes’ a través de una misiva y en consecuencia ha podido sacar adelante su controvertido plan de austeridad. Por lo visto, en la carta realizaba algunas concesiones al ala dura del Partido Socialista para evitar un cisma en la Cámara Baja, que finalmente no se ha producido.
El nuevo delfín de Hollande considera «imprescindible» y «bien repartido» su programa de recortes y absolutamente necesario para «garantizar» la «recuperación colectiva». «Unos dicen que es demasiado tímido, insuficiente, otros, al contrario, que es demasiado duro. Yo estoy convencido de que está equilibrado y que es justo», insistió Valls. Asimismo, negó que se trate de un plan de austeridad porque, afirmó, mantienen los servicios públicos en su nivel actual y se proponen avances en algunos, como la educación, donde se contratarán 60.000 docentes en cinco años, la seguridad y la justicia.
