La Comisión Europea considera el acuerdo comercial UE-Canadá (CETA) como “no mixto”, por lo tanto, exclusividad de Bruselas y no tendrá que ser ratificado por los parlamentos nacionales. Jean-Claude Juncker tenía una carta bajo la manga. Y no ha dudado en utilizarla. Las múltiples críticas contra el TTIP que han ido vertiendo diversos gobiernos europeos como Francia ha provocado que el presidente de la Comisión Europea le viese las orejas al lobo. Por ello, ha decidido tramitar el acuerdo comercial UE-Canadá (CETA) por la vía rápida: a través de un acuerdo “no mixto” donde la competencia es exclusiva de Bruselas impidiendo que los parlamentos nacionales lo debatan o lo voten.
Aprovechando la celebración del Consejo Europeo, Juncker blinda el denominado ‘TTIP canadiense’ que numerosas organizaciones sociales, sindicales y políticas de toda Europa han considerado “igual de peligroso que el TTIP”, como ha recordado Ecologistas en Acción. “Juncker sabe que el definir el tratado UE-Canadá como ‘acuerdo de competencia exclusiva’ de la UE genera un fuerte conflicto con varios Estados miembros que hará imposible su aprobación, en contra la voluntad de los gobiernos de Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Hungría, entre otros. La maniobra es probablemente un engaño para lograr la aplicación provisional del CETA que anularía la labor de los parlamentos nacionales”, ha analizado Tom Kucharz, portavoz de la campaña ‘No al TTIP, CETA y TiSA’.
A pesar de las críticas que elevan algunos gobiernos, para Kucharz las reticencias no son más que una pose para “aparentar ser críticos” ante “la enorme oposición de sus poblaciones, gobiernos municipales y parlamentos”. Por lo tanto, para el activista la decisión de Juncker es una jugada maestra para los intereses de los ejecutivos: “pueden insistir en la necesidad de que sus parlamentos voten el tratado y presumir de haberse resistido a la propuesta de la Comisión Europea”.
Un ‘TTIP canadiense’ que vendrá acompañado de múltiples problemas ya que, según Ecologistas en Acción, supondrá la restricción de las competencias en la gestión de servicios y contratación pública; recortará salarios y derechos laborales, privatizará servicios públicos y aumentará los privilegios de las corporaciones. Pero ese no es la única consecuencia que traería el CETA: daría alas a los partidos de extrema derecha.
“Se transmite la impresión de que los defensores del CETA quieren alentar el ascenso de los partidos de extrema derecha y del populismo xenófobo, machista y autoritario. Las élites de la Unión Europea no han aprendido nada del reciente referéndum en el Reino Unido. Aprobar el CETA sin la debida democracia sólo fortalecerá a los partidos de extrema derecha y profundizaría las políticas neoliberales que han sido su caldo de cultivo”, ha denunciado Kucharz.
