Especialmente preocupada por los tribunales de arbitrajes privados, la asociación reclama que sea la justicia ordinaria de cada país la que resuelva los posibles conflictos del acuerdo. Para la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) “genera sombras inquietantes” al suponer “efectos muy negativos en los derechos sociales, a causa de las profundas divergencias de las legislaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea”: “Puede causar el enriquecimiento empresarial a costa del abaratamiento de la mano de obra y la consiguiente desprotección de los derechos laborales, bajo el falso alegato de ser más competitivos en el mercado exterior”, sostiene la asociación.
En un comunicado, la plataforma considera que el tratado de libre comercio entre ambos lados del Atlántico amenaza también al diseño de los servicios públicos, de las prestaciones sociales y al aspecto medioambiental, debido a la diferente regulación agroalimentaria europea y estadounidense. Añade que, de aprobarse, el documento verá la luz “sin la participación y opinión de la ciudadanía, ni la posibilidad de que las cláusulas del tratado puedan ser modificadas posteriormente” en cada país firmante. “Todo ello resulta especialmente grave si consideramos que el TTIP puede limitar de manera muy sensible la capacidad legislativa de los estados”, alerta la asociación.
Pero el punto que más preocupa a la asociación de jueces es la posible creación de un tribunal especial en materia de arbitraje internacional “que sustituiría parte de las competencias asignadas a los órganos judiciales nacionales y europeos”. “Asumiría competencias en materia civil, laboral, administrativa y fiscal, entre otras”, sostiene Jueces por la Democracia, criticando que la medida represente “una usurpación de las funciones judiciales estatales, caracterizadas por su independencia e imparcialidad, para adjudicarlas a un organismo vinculado a las grandes corporaciones económicas y a los gobiernos más importantes del mundo”.
La asociación se refiere al mecanismo de solución de intereses entre inversores y estados, conocido como ISDS por sus siglas en inglés: una cláusula por la que las empresas puedan litigar contra los estados y defender sus intereses en virtud de lo firmado en los tratados de libre comercio. Para las voces críticas, este mecanismo equivale a proteger a las corporaciones y multinacionales frente a las leyes estatales que en ciertos momentos puedan afectar a sus beneficios, reales o esperados.
Es uno de los pilares del TTIP y que más polémica social ha generado: “Puede incidir de manera muy negativa en los derechos laborales, en los derechos de los/as consumidores/as y en las normas de protección del medio ambiente”, denuncia la plataforma. Y pide que los conflictos jurídicos que puedan derivarse del TTIP sean puestos en manos de los órganos judiciales nacionales y europeos: “No existe ninguna necesidad de crear un tribunal especial de esta naturaleza, a no ser que se pretenda proteger relaciones económicas privilegiadas”, critica el comunicado.
“Tampoco resulta admisible que la protección jurídica a los inversores llegue al extremo de que puedan reclamar ante un Estado y que dicha pretensión sea resuelta por un tribunal arbitral al margen del organigrama judicial estatal y europeo”, denuncia Jueces para la Democracia.
Para reforzar su tesis, la plataforma recuerda que la mayor organización judicial alemana, DRB, considera “más que dudosa la competencia de la UE para constituir un tribunal especial de inversiones internacionales al margen de los órganos judiciales ordinarios”. “Compartimos plenamente la visión crítica global de la judicatura alemana ante el tratado. Y también valoramos que no es un buen camino crear tribunales especiales que solo son accesibles a ciertos grupos de litigantes para que tengan un trato diferenciado” denuncia la asociación de jueces.
Son los principales argumentos que llevan a la organización a declararse dispuesta a “iniciar acciones con otras organizaciones judiciales europeas para mostrar nuestra oposición al TTIP”.
