El gigante automotor alemán se enfrenta a una denuncia en Brasil por su supuesta colaboración con actos de represión y tortura con la dictadura militar (1964-1985). Sacudido ya por la reciente revelación de que manipuló motores de automóviles diésel para eludir las normas de emisión de gases contaminantes, el gigante automotor alemán Volkswagen se enfrenta ahora a una denuncia de igual o mayor tenor en Brasil: la de su presunta colaboración con actos de represión y tortura con la dictadura militar (1964-1985).
Según los denunciantes, VW colaboró con el aparato represivo de la dictadura tanto en la captura y tortura de obreros en las instalaciones de la empresa como a través del espionaje, la elaboración de listas de trabajadores presuntamente subversivos, informes internos y entrega de datos al hoy extinto Departamento de Orden Política y Social (Dops), el principal organismo represivo de la dictadura brasileña.
También se acusa a la compañía de haber donado vehículos y recursos financieros a los grupos paramilitares y oficiales responsables de la represión.
«Volkswagen lamenta profundamente que a los afectados durante la dictadura militar, tal vez con la participación de funcionarios de Volkswagen de Brasil, se les haya infligido sufrimiento o hayan tenido perjuicios económicos», expresó a dpa el principal historiador del mayor grupo automovilístico europeo, Manfred Grieger.
«Volkswagen se dirigirá a los afectados para conocer su punto de vista, como ya lo ha hecho con otros testigos de la Comisión de la Verdad este año en Sao Paulo», añadió el historiador.
La Comisión de la Verdad, que trabaja a nivel local y nacional, fue creada en 2011 por la presidenta Dilma Rousseff para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares durante el régimen.
Uno de los grupos de trabajo de esa comisión era el denominado «Dictadura y Represión a Trabajadores, Trabajadoras y al Movimiento Sindical», que se encargó de investigar la participación de diversas empresas en las prácticas ilícitas cometidas por los militares.
Grieger afirmó que todavía no le ha llegado la demanda civil, por lo cual no puede por el momento «adoptar una posición al respecto».
«Se investigará de manera amplia e incondicional, hasta las últimas consecuencias, a quien sea responsable de violaciones de los derechos humanos. Aquí también debe ser analizado en forma integral el vínculo entre el desarrollo económico y socio-político que se estableció bajo la dictadura militar brasileña», precisó.
El Foro de Trabajadores y Trabajadoras por Verdad, Justicia y Reparación presentó la denuncia contra VW ante las Fiscalías de Sao Paulo y Sao Bernardo do Campo la misma semana en que estalló el escándalo por la manipulación de los vehículos diésel. La entidad presentó el escrito con el apoyo de varias centrales sindicales, las comisiones de la verdad nacional y de Sao Paulo y representantes de víctimas de tortura durante el régimen.
«Queremos justicia y reparación, ese es nuestro principal objetivo», resumió el coordinación del Proyecto Investigación Obrera y del proceso de elaboración de la representación, Sebastião Neto, en declaraciones a dpa.
La representación dará elementos al Ministerio Público (Fiscalía) para la elaboración de una acción civil pública contra la multinacional germana. Los denunciantes informaron además que ésta será solo la primera de las denuncias del mismo tenor que pretenden realizar contra otras empresas que también habrían colaborado con las prácticas ilícitas cometidas por el régimen militar más largo de Sudamérica.
Si bien Neto reconoce que Volkswagen «no fue la única empresa» involucrada en ese tipo de práctica, «en Sao Paulo (la automotriz) tuvo un papel de liderazgo», asegura.
La emblemática empresa alemana está presente en Brasil desde 1953, y emplea actualmente a unos 20.000 trabajadores.
En la planta de Sao Bernardo do Campo, ciudad del interior de Sao Paulo en la que el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva dio sus primeros pasos como dirigente sindical precisamente en el sector metalúrgico, doce funcionarios fueron presuntamente detenidos y torturados durante el régimen.
