El Gobierno griego, que dirige por el conservador Antonis Samarás, ha advertido a los trabajadores del metro de Atenas que procederá a realizar arrestos si mantienen la huelga convocada hace ocho días, después de que la Justicia helena haya declarado que la protesta -que no contempla servicios mínimos- es ilegal porque atenta contra el interés público.
La huelga fue convocada el pasado día 17 de enero como respuesta a los planes del Gobierno de aplicar a estos trabajadores las mismas tarifas salariales que existen en el resto del sector público y de eliminar el actual convenio colectivo. Los trabajadores de otros medios de transporte público -trenes de cercanías, autobuses y tranvías- también se sumaron a las protestas de los últimos días con paros parciales, lo que provocó numerosos atascos en la capital del país.
«Ni el Gobierno ni la sociedad pueden ser rehenes de la mentalidad sindical», ha subrayado el ministro de Desarrollo, Kostis Hatzidakis, tras reunirse con Samarás. «El Gobierno no puede ignorar esto», ha apostillado. Tras la orden del Gobierno, los sindicatos han dejado claro que no van a cumplirla. «No renunciaremos, resisteremos», ha asegurado uno de los líderes sindicales, Antonis Stamatopoulos. «Este tipo de medidas forzosas son costumbres de las dictaduras», continuó antes de pedir «al pueblo» que se solidarice con los huelguistas.
La decisión tomada por el Gobierno ha provocado divisiones entre los partidos que lo sustentan, ya que el socio menor de la coalición, el partido centroizquierdista Dimar, rechaza ordenar la movilización forzosa de los trabajadores. En una situación similar en 2010, los conductores de camiones decidieron cumplir la orden del Gobierno de volver al trabajo tras mantener una huelga de una semana de duración que dejó al país sin suministros de combustibles en las gasolineras.
