La nueva estrategia del BCE pretende anular las exigencias de Dublín

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La estrategia que podría aprobar en los próximos días el BCE, y que consistiría en sustituir la actual línea de Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA, por sus siglas en inglés) por un fondo para gestionar la trayectoria de los bancos en proceso de reestructuración, pretende anular algunas de las medidas barajadas por Dublín para terminar con sus crisis bancaria. Sobre todo la que apuesta por involucrar a los tenedores de bonos privados como parte de la solución.

El primer ministro irlandés, Enda Kenny, ha dicho en varias ocasiones que la crisis que atraviesan los bancos de su país –y que ya han recibido en ayudas del BCE el equivalente al 115% del PIB del país, que es de 122.500 millones de euros- debe ser atajada en el medio y el largo plazo, no en el corto, que es lo que supone recibir créditos de la ELA. Una de las propuestas de Kenny es que los tenedores de bonos privados asuman una reestructuración de la deuda de sus entidades.

Sin embargo, desde Bruselas ven que, de salirse con la suya Kenny, podría sentarse un precedente nefasto si otros gobiernos, como el griego, el portugués y sobre todo el español, deciden seguir ese camino (España acoge a tenedores que mantienen 710.000 millones de euros en la economía del país).

Los expertos señalan que si el BCE finalmente decide asumir las competencias de los bancos centrales de los países en los que el nuevo fondo entre en juego, la gestión de los bancos en riesgo de quiebra correría a cargo del regulador que preside actualmente Jean-Claude Trichet y, por lo tanto, los gobiernos de esos países tendrían menos capacidad para adoptar medidas en ese contexto.

“Está claro que al desconectar los fondos suministrados por la ELA, el Gobierno irlandés se encontrará en desventaja”, ha sugerido a Dow Jones Ryan McGrath, un broker que opera con deuda soberana desde Dolmen Securities, una firma de Dublín.

Los resultados de las pruebas de solvencia realizadas a la banca irlandesa saldrán a la luz este jueves. Los expertos opinan que las entidades del país requieren aún 35.000 millones de euros más en ayudas, mientras que fuentes del BCE citadas por medios especializados apuntan a unas necesidades financieras de entre 18.000 y 23.000 millones de euros.

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