Los irlandeses retan a Merkel con su insumisión fiscal

Los irlandeses han optado por resistirse contra algunos recortes de una manera quizá más pragmática que la que se lleva en Grecia. Resulta que un 50% de los ciudadanos que tienen una casa en propiedad se ha negado a pagar una tasa decretada por el Gobierno para cumplir con las exigencias de austeridad de Alemania, según los datos oficiales.

Para los promotores de la protesta, el pueblo de Irlanda ha enviado así un mensaje meridianamente claro a los políticos que les representan y a la Unión Europea (UE). Además, en Berlín tienen que asumir que, en paralelo a este gesto de rebeldía, el Tigre Celta tiene aún que celebrar un referéndum para ver si acepta el nuevo pacto fiscal europeo que promueve la canciller alemana, Angela Merkel.

La tasa se articulaba en un pago único de 100 euros por cada propiedad, sin discriminación en función de la tasación de cada inmueble concreto. Y fue aprobada el 1 de enero con la concesión de un plazo de tres meses para realizar el abono. El 31 de marzo, fecha límite, más de la mitad de los afectados rehusaron pagar.

Los irlandeses que han sido rescatados por la troika –así se conoce al grupo prestamista integrado por el BCE, el FMI y Bruselas- llevan cinco presupuestos de recortes, a cual más duro, en los últimos cuatro años, sin que desde entonces, la economía haya iniciado la senda de la recuperación.

El Gobierno ha asegurado que cargará con todo el peso de la Ley a los insumisos fiscales, pero la protesta sube de tono y puede marcar un peligroso punto de inflexión, en un país en el que queda claro que los tratamientos de Bruselas sólo han servido para empeorar la situación económica.

Por su parte, el Consejo Asesor Fiscal del Parlamento irlandés, establecido recientemente para supervisar la política presupuestaria del país, ha indicado que la mayoría de sus analistas considera que se necesitan más recortes para que el Tigre Celta cumpla el objetivo de déficit.

El Ejecutivo irlandés presentó en diciembre unos presupuestos generales encaminados a ahorrar 3.800 millones de euros y reducir de este modo su déficit público hasta el 8,6% del Producto Interior Bruto (PIB) este año desde el 10% registrado en 2011. Todo ello en un contexto de crecimiento económico del entorno del 1,3%.

Sin embargo, el regulador del país ha dicho que ese crecimiento económico para 2012 estará muy por debajo del esperado: 0,5%. Por este motivo el Consejo cree que el Estado debe ingresar unos 400 millones de euros adicionales este año, aumentando la fiscalidad y reduciendo aún más el gasto para marcar la cifra de déficit acordada.