El Gobierno de Therese May publica un escrito legal en el que deja clara su intención de ignorar a los Parlamentos del país a la hora activar el ‘Brexit’ Obligado por los jueces, el Gobierno británico se ha visto forzado a presentar los argumentos legales en los que fundamenta su particular forma de gestionar el ‘Brexit’. Un proceso en el que pretende tener el absoluto control de los tiempos.
Por un lado rechazando las presiones que desde Bruselas les animan a activar el Artículo 50 cuanto antes e iniciar así el proceso de salida que, a partir de ahí, debería extenderse durante dos años. Sin embargo, el Gobierno de Theresa May pretende iniciar las negociaciones, pese a que las autoridades comunitarias han señalado en repetidas ocasiones que éstas no tendrán lugar mientras Gran Bretaña no dé el primer paso.
Por otra parte, la propia sociedad británica también ha hecho sentir su sentir de que debería poder decir algo a través del parlamento; o, en este caso, de sus parlamentos, para ser más exactos. Una idea que ha quedado claro, cuenta con la total oposición de su Gobierno.