El expresidente de la Comisión Europea acusa al actual Ejecutivo de “discriminatorio” e “inconsistente”. José Manuel Durao Barroso, que durante diez años presidió la Comisión Europea, ha cargado con dureza contra la institución, a la que acusa de ser “discriminatoria” e “inconsistente” después de que el actual Ejecutivo comunitario haya anunciado que investigará las implicaciones éticas del fichaje del político portugués por Goldman Sachs.
En una carta al actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que recoge Financial Times, Barroso ha defendido enérgicamente su decisión de aceptar un trabajo como asesor con el banco de inversión estadounidense.
“Se ha afirmado que el mero hecho de trabajar con Goldman Sachs plantea cuestiones de integridad”, se llega a lamentar Barroso en la carta. “Aunque respeto que todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, las reglas son claras y deben ser respetadas. Estas afirmaciones no tienen fundamento y son totalmente inmerecidas. Son discriminatorias en mi contra y en contra de Goldman Sachs”.
“Si bien, en principio, no tengo ninguna objeción en referencia a la comisión [ética], me preocuparía que ya se haya tomado una decisión sobre mi caso”, defiende el expresidente de la Comisión. “Si ese es el caso, me gustaría entender cómo se ha tomado esta decisión, por quién y por qué motivos”. “No sólo estas acciones son discriminatorias, sino que parecen ser incompatibles con las decisiones adoptadas en relación a otros ex miembros de la comisión”, se despacha.
Los ex comisarios están obligados a notificar formalmente a la comisión si toman un nuevo cargo dentro de los 18 meses posteriores a su partida. En tales casos, Bruselas puede establecer un comité ético ‘ad hoc’ para examinar el caso. En el caso de Barroso, el nombramiento llegó 20 meses después de dejar el Ejecutivo comunitario.
El comité ético examinará ahora el contrato firmado por Barroso para determinar si cumple con la obligación que tiene el expresidente de “actuar con integridad y discreción” al desempeñar funciones tras abandonar la institución. En el caso de que se dictamine que se han violado estas reglas, el político portugués podría ser despojado de su pensión, que asciende a 15.000 euros al mes.
