Las grandes eléctricas alemanas pagarán 23.000 millones por el apagón nuclear

Central nuclear
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Eon, RWE, Vattenfall y EnBW llevaban tiempo negociando con el Gobierno sobre el reparto de los ingentes costes y riesgos del desmantelamiento de las plantas. Las grandes operadoras energéticas en Alemania asumirán los costes por completo del almacenamiento de los residuos atómicos y transferirán a un fondo estatal hasta el año 2022 cerca de 23.342 millones de euros (26.400 millones de dólares), según recomendó la comisión del Gobierno en Berlín de manera unánime.

La comisión, formada por 19 personas, en la que estaban representados partidos, sindicatos, empresarios y asociaciones, ve esta propuesta de financiación a largo plazo del apagón nuclear como un «compromiso justo» para los contribuyentes y las empresas.

«La sociedad alemana puede vivir con este resultado», comentó el copresidente de la comisión Matthias Platzeck al presentar la propuesta de la comisión, que serviría para tapar el agujero actual entre la previsión de las empresas Eon, RWE, Vattenfall y EnBW y los costes completos de almacenamiento para evitar que acaben recayendo sobre los contribuyentes alemanes.

Los cuatro grandes grupos energéticos -Eon, RWE, Vattenfall y EnBW- llevaban tiempo negociando con el Gobierno sobre el reparto de los ingentes costes y riesgos del desmantelamiento de las plantas y del almacenamiento de los residuos atómicos tras la decisión del Gobierno de Angela Merkel de abandonar la energía nuclear después de la catástrofe en la central japonesa de Fukushima.

El desastre en la planta nipona, en marzo de 2011, hizo que la opinión pública alemana se volviera masivamente en contra de la energía nuclear y llevó al Gobierno de Merkel a adelantar a 2022 el cierre de todas las centrales atómicas del país y potenciar la producción de energías renovables.

La ley de energía nuclear fijó las fechas en las que las operadoras deberán desconectar las últimas nueve plantas atómicas hasta 2022. Ocho centrales de más antigüedad fueron clausuradas de inmediato.

El problema surgió entonces sobre quién asumiría el elevado coste de poner fin a este tipo de producción de energía, así como la eliminación de antiguos residuos nucleares, que asciende a 48.000 millones de euros.