El país que gobernará Alexis Tsipras debe 317.000 millones de euros. De esa cantidad, más del 75% se adeuda a instituciones públicas sostenidas por el contribuyente. “Grecia ha dejado atrás la desastrosa austeridad”. Con estas palabras Alexis Tsipras, el joven primer ministro griego, desvelaba el pasado domingo tras ganar las elecciones su hoja de ruta: convencer a los acreedores del país de que deben renegociar la deuda en lugar de esperar su pago íntegro en el plazo previsto.
No obstante, tras examinar las cantidades que se encuentran sobre la mesa todo esto parece más fácil decirlo que hacerlo. Tsipras tiene que gestionar actualmente una deuda soberana valorada en 317.000 millones de euros, que es el equivalente a un 175% de su PIB (este es el ratio deuda-PIB más abultado de la zona del euro). Además, el tiempo apremia: entre los meses de marzo y agosto debe devolver a sus acreedores un total de 10.500 millones de euros.
La gran cuestión, ahora, consiste en preguntarse cómo el líder de Syriza va a manejar esta situación. Tsipras cuenta con una desventaja: al no haber conseguido la mayoría absoluta se ha visto obligado a pactar con un pequeño partido de la derecha tradicional que le obligará a hacer concesiones en el plano social, con lo cual su coalición podría perder solidez con relativa facilidad. Pero también cuenta con una ventaja: Rusia, el histórico aliado de las naciones ortodoxas de los Balcanes, ya se ha ofrecido a enviar ayuda financiera a Atenas si fuera menester, habida cuenta de la hostilidad que Tsipras despierta en Bruselas. Una hostilidad que reside en el hecho de que, según los cálculos realizados por el think tank Open Europe, el 60% de la deuda griega está actualmente en manos de la Comisión Europea. Ergo de los contribuyentes de la unión monetaria.
El mapa de la distribución de la deuda helena ha cambiado sustancialmente en apenas cuatro años. Actualmente, la susodicha comisión mantiene el 60% de la deuda seguida del FMI, que mantiene el 10%, y del BCE, que tiene el 6%. Porciones menores se encuentran en las arcas de los bancos griegos (3%), de los bancos extranjeros (1%) y del Banco de Grecia (1%). En el año 2011, sin embargo, el reparto era diferente: el FMI, el BCE y la Comisión Europea mantenían en conjunto el 36% del total, mientras que las entidades financieras extranjeras y las entidades financieras helenas captaban el monto restante (64%).
La transustanciación de la deuda: del sector privado al contribuyente europeo
¿Cómo ha cambiado la deuda de manos tan rápidamente? Mediante los rescates financieros que ha recibido el país de parte del FMI, el BCE y la Comisión. Esta tríada más conocida como la Troika no sólo ha prestado dinero a Grecia –unos 240.000 millones de euros- a cambio de percibir un viraje de escala nacional hacia la austeridad, sino que al hacerlo también ha sustituido a la gran banca y a los grandes fondos de inversión internacionales como principal acreedor de Atenas.
Oficialmente, los rescates tenían un objetivo principal: evitar que Grecia, en medio de una gran ola de incertidumbre y especulación, tuviese que seguir acudiendo a los mercados para financiarse dado que el coste de esta operación era cada vez mayor. De esta manera, la Troika pretendía garantizar una línea de crédito para que el país mediterráneo no incurriese en agrandar un volumen de deuda cada vez más difícil de afrontar. Pero también conseguía otra cosa: que su dinero fuese utilizado por las autoridades helenas para cumplir sus vencimientos con los bancos y los fondos de inversión, evitando también de esta forma que el sector privado se quedase sin cobrar (según los cálculos realizados recientemente por Martin Wolf, un columnista del Financial Times, sólo el 11% de todo el dinero recibido por Atenas se ha destinado a “actividades del Gobierno”).
En otras palabras: los rescates de los países en crisis son también, y quizás sobre todo lo demás, rescates de la banca acreedora (en el caso griego, fundamentalmente de la banca tanto alemana como francesa). Porque estas entidades tampoco se han limitado únicamente a conseguir el dinero apostado inicialmente, sino que han aprovechado la intervención de la Troika para recortar su exposición a Grecia en detrimento de ésta. Las cifras del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) son claras al respecto: la exposición de los bancos de la zona del euro a Grecia pasó de los 128.000 millones de euros en 2008 a los 12.000 millones de euros en 2013.
Cronología de un desastre
El consenso establece que el inicio de la crisis griega hay que situarlo en octubre del 2009. El entonces candidato socialista Yorgos Papandreu resultó elegido en las elecciones generales que se celebraron en el país mediterráneo durante ese mes, y poco después reconoció públicamente que el déficit público de Grecia se situaba en realidad en torno al 12,75%; el doble de lo que hasta ese momento decían las cifras oficiales. Aquel año la deuda helena se situó en el 126% del PIB.
Las declaraciones de Papandreu desataron el pánico en unos mercados financieros que tan sólo un año antes habían visto quebrar de la noche a la mañana al cuarto banco de inversión más importante del mundo por volumen de activos: Lehman Brothers. Así, las grandes agencias de calificación crediticia –Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch– empezaron a revisar sus notas sobre Grecia y a emitir informes dudando de la viabilidad de su economía. En paralelo, y para tratar de retener la confianza de los inversores, Papandreu anuncia los primeros ajustes. Fue por aquel entonces cuando también ocurrieron las primeras de las muchas protestas ciudadanas que han terminado por convertir a la céntrica plaza ateniense de Syntagma, donde se encuentra el Parlamento, en uno de los lugares más fotogénicos del planeta.
En abril del 2010 las autoridades griegas ya no pueden más y solicitan ayuda internacional ante el riesgo de quebrar de la misma manera en que lo hizo Lehman Brothers. Los países de la zona del euro acuden, literalmente, al rescate y envían a Atenas un paquete valorado en 110.000 millones de euros para que Grecia pueda hacer frente a sus obligaciones de pago más inmediatas. A cambio, Papandreu anuncia más recortes. Los sindicatos helenos deciden, a la vista de los acontecimientos, convocar una huelga general. En octubre de ese mismo año el Gobierno griego presenta los Presupuestos para el 2011, que incluyen nuevos impuestos y una subida generalizada del IVA. Sin embargo, los esfuerzos parecen servir de poco y Grecia cierra ese ejercicio con un ratio deuda-PIB del 146%.
En 2011 la crisis griega se intensifica. Primeramente, los socios europeos de Papandreu urgen al líder socialista para que implante nuevos recortes y de una forma más rápida. Además, en la calle se suceden las protestas y en junio se registra una nueva huelga general. Un mes después, en Bruselas, se decide la puesta en marcha del mecanismo de rescate ideado dos años antes: el Fondo de Estabilidad Financiera Europeo, o EFSF por sus siglas en inglés. La inauguración de este sistema se realiza canalizando 109.000 millones de euros que pretenden servir de colchón para cualquier país de la zona del euro en dificultades. Para entonces tanto Standard & Poor’s como Moody’s y Fitch han devaluado ya su nota sobre el país mediterráneo, al que sitúan de forma unánime en “riesgo sustancial de quiebra”. También se ven afectados por las rebajas de calificación los principales bancos helenos, a los que Moody’s ya considera incapaces de hacer frente a sus propias obligaciones.
El 27 de octubre de ese mismo año los líderes de la zona del euro logran convencer al FMI y al sector privado para que, a la vista de que la situación en Grecia no parece mejorar pese a los esfuerzos realizados, acepten una quita del 50% en sus bonos. Esto significa que de cada 100 euros que esperaban recibir los tenedores de bonos por cada papel soberano terminarán recibiendo sólo la mitad. La quita es el equivalente a liquidar de un plumazo 100.000 millones de euros del monto a deber por el Tesoro heleno. A cambio a Papandreu se le exigen nuevos recortes. Sin embargo, el político socialista se planta y decide convocar un referéndum para ver si la ciudadanía griega apoya o rechaza este acuerdo y, en general, la intervención extranjera que él mismo solicitó un año y medio antes.
El referéndum de Papandreu nunca se llegó a celebrar. Presionado por una opinión pública que le acusaba de haber llevado al país a la ruina en sus dos años de mandato, y presionado también por sus socios europeos tras proponer una consulta popular, el hasta entonces primer ministro griego anuncia en noviembre su renuncia. Sube al poder –sin elecciones de por medio- el que antaño fuese presidente del Banco de Grecia: Lucas Papademos. La misión de Papademos es gobernar sobre una coalición provisional formada por los conservadores y los socialistas hasta la celebración de las elecciones fijadas para la primavera del 2012. Durante su mandato las protestas en las grandes ciudades del país cobran virulencia después de un acuerdo mediante el cual, tras lograr una condonación de la deuda por parte los acreedores del sector privado, Grecia recibe un segundo paquete de ayudas valorado en 130.000 millones de euros.
En los comicios del 2012 sale elegido el que ha sido primer ministro del país hasta las elecciones del pasado domingo: Antonis Samarás, líder de Nueva Democracia. Bajo el mandato de Samarás se aprueban nuevos recortes para intentar revertir la tendencia de la economía griega, en caída libre desde el 2009, y para poder recibir los tramos de ayuda de la Troika en las fechas previstas inicialmente. Mientras tanto, el desempleo asciende hasta un récord histórico del 28% (el paro juvenil supera el 50%). En 2014, sin embargo, un hecho concreto despierta la esperanza y el optimismo de los conservadores helenos: el Tesoro sale por vez primera en años a subastar bonos a largo plazo en los mercados internacionales y consigue colocar unos 3.500 millones de euros.
Sin embargo, un mes después Syriza gana en Grecia las elecciones europeas con más del 26% de los votos y el entramado financiero vuelve a dar la espalda al país. La crisis institucional se hace más evidente cuando, el pasado mes de diciembre, Samarás no consigue el apoyo del Parlamento para su candidato a la presidencia y, en consecuencia, se ve obligado a convocar elecciones anticipadas; las que se celebraron la semana pasada con un ratio deuda-PIB del 175% sobrevolando el ambiente. Tsipras recibió el apoyo de más de dos millones de votos de un total de seis millones de electores que acudieron ese día a las urnas.
