España acumula ya nueve demandas ante el Banco Mundial por los recortes en las renovables

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Dos empresas públicas alemanas y otras de capital privado han presentado esta semana una demanda de arbitraje contra España ante el Banco Mundial. Los inversores extranjeros con intereses en las energías renovables acaban de presentar otro pleito –y ya van nueve- ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje del Banco Mundial, contra España por los recortes a las primas a las renovables aprobados por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Esta última demanda fue presentada, según informa el diario El País, el pasado miércoles por las firmas alemanas Stadtwerke München, RWE Innogy, RheinEnergie, AS 3 Beteiligungs, Ferrostaal Industrial Projects, Ferranda, Andasol Fonds GmbH & Co, KG, Andasol 3 Kraftwerks y la española Marquesado Solar.

Estas empresas alegan la vulneración del Tratado de la Carta de la Energía, que defiende las inversiones en el sector de las empresas firmantes del acuerdo. Los abogados que representan a estos demandantes, según el propio CIADI, pertenecen a la firma británica Allen & Overy.

Según explica el citado diario, esta demanda se debe a la inversión en la planta española Andasol 3, situada en Granada, cuya construcción se inició en 2008. Es una instalación de energía termosolar de 50 megawatios de potencia con una inversión de algo más de 300 millones de euros. marquesado Solar es la sociedad que canaliza la inversión y en la que Stadtwerke München (SWM) tenía una participación del 48,9%; RWE Innogy y RheinEnergie, otro 25,1%.

Las compañías alegan que se ha vulnerado la seguridad jurídica para las inversiones que garantiza el Tratado de la Carta de la Energía, mientras que el Gobierno replica que lo que se respeta es una rentabilidad razonable para las inversiones realizadas, pero no una desproporcionada, que el recorte no es discriminatorio porque ha afectado por igual a inversores españoles y extranjeros y que está en hecho en virtud de una reforma del sector para la que España es soberana.

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