Silvia Iranzo Gutiérrez ha comunicado por carta su decisión de dimitir irrevocablemente como consejera independiente de Indra con efectos desde el pasado 25 de junio.
Iranzo manifiesta que su dimisión viene motivada por su desacuerdo con los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas de cese y no reelección de cinco consejeros independientes que, bajo su criterio, suponen rebajar el estándar de gobierno corporativo de la compañía en perjuicio de la mayoría de accionistas no representados en el consejo.
CONVOCADO UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Indra ha convocado su consejo de administración para hoy con el objetivo de “proceder, entre otros asuntos, al nombramiento de miembros de sus comisiones e iniciar el proceso de selección de consejeros independientes”, según ha señalado la compañía.
Con la dimisión de Iranzo, ya solo quedan dos vocales independientes en el consejo de Indra, Ignacio Martín y Francisco Javier García Sanz, que podrían dimitir próximamente.
La semana pasa y en una tensa junta de accionistas, el Gobierno tomó el control del grupo tecnológico conformando un nuevo núcleo duro de accionistas tras prescindir de cinco de los siete consejeros independientes, que eran críticos con la idea de que el Estado se implicara aún más en el control de Indra y que el año pasado habían conformado un bloque para impedir que el presidente del grupo, Marc Murtra, asumiera funciones ejecutivas, hasta ahora reservadas a los consejeros delegados.
La SEPI, máximo accionista del grupo con un 26,5% del capital y dependiente del Ministerio de Hacienda, se apoyó en el fondo activista Amber -comandado por el también presidente de Prisa, Joseph Oughourlian- y en el grupo vasco de defensa SAPA para dar un vuelco a la composición del consejo de administración de Indra.
LA CNMV PODRÍA OBLIGAR A LANZAR UNA OPA POR EL 100%
El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, calificó de “llamativo” y “preocupante” el cese de los consejeros, pero no quiso pronunciarse sobre si en el caso de Indra existe un concierto de accionistas, dado que el organismo todavía no cuenta con suficiente información.
Existe la posibilidad de que el regulador obligue a la SEPI a lanzar una OPA por el 100% de la compañía, dado que la ley contempla la obligación de una oferta cuando hay una «acción concertada» para tomar más del 30% de una cotizada o controlar su consejo de administración.
En este sentido, los analistas de Renta 4 señalan que las sospechas de que SEPI, Amber Capital y SAPA actuaron de forma coordinada “son sólidas si bien la CNMV tendrá que demostrarlo, una tarea que podría ser complicada”.
