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20 de septiembre de 2020, 3:48:57
Nacional

Gobierno de coalición


La larga lista de ‘deberes’ que tiene ante sí el gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias

Sindicatos y colectivos sociales ponen ‘deberes’ al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que echa a andar.

Por Gustavo García

España ha dicho adiós al bloqueo político que ha marcado los últimos meses. Pedro Sánchez salió este martes del Congreso investido presidente del Gobierno y su ejecutivo de coalición con Unidas Podemos echará a andar en los próximos días. Sobre la mesa, muchos desafíos económicos. Cuestiones como subir el salario mínimo, de los 900 euros actuales hasta los 1.200 al final de la legislatura, así como las pensiones, aprobar una ley de cambio climático o suspender todos los desahucios son algunos de los ‘deberes’ que sindicatos y colectivos sociales ya han puesto a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias.


A la espera de que el presidente del Gobierno, que este miércoles promete su cargo ante el Rey, desvele el nombre de sus ministros, los elegidos por el PSOE, porque Unidas Podemos ya ha anunciado a los suyos, la lista de ‘deberes’ se le amontonan en la mesa. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, por ejemplo, dejó claro que la tarea más urgente del próximo Ejecutivo pasa por subir el salario mínimo y las pensiones, pero también acometer una agenda social que revierta algunas reformas que han multiplicado la desigualdad en los últimos años. En concreto, la reforma laboral, según apuntó en una entrevista en RNE.

Estas reclamaciones coinciden con las de UGT, que llama a los partidos políticos a tener “altura de miras” y abandonar “la guerra partidista promoviendo políticas que velen por los intereses generales de la población”. Para este sindicato, en esta legislatura se debe priorizar “una política económica que facilite el reparto de la riqueza, favorezca el empleo estable y con derechos y apueste por la recuperación y fortalecimiento del Estado de Bienestar”.

En este sentido, “es preciso recuperar el equilibrio en las relaciones laborales, subir los salarios más bajos (al menos hasta los 1.000 euros al mes en todos los convenios), vincular la revalorización de las pensiones al IPC y seguir avanzando en las políticas de igualdad a todos los niveles”, sostiene en un comunicado. Para esta organización sindical “antes de iniciar la negociación para alcanzar un nuevo Estatuto de los Trabajadores es fundamental derogar las dos últimas reformas laborales, en especial la de 2012”, que califica como “la normativa de la precariedad laboral”. “Es importante un Gobierno valiente y progresista que no se deje guiar por lobbies, cuyo único interés es incrementar su cuenta de resultados a costa de la pérdida de los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, defiende.

Los colectivos sociales también han trasladado a Sánchez e Iglesias sus peticiones. Greenpeace, por ejemplo, ha solicitado al nuevo Gobierno “ambición y urgencia en la lucha contra el cambio climático y la crisis de biodiversidad”. Así, ha señalado que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética “debe ser la primera que se apruebe en esta legislatura” y ha abogado por “establecer objetivos de fiscalidad verde y dotar de fondos adecuados a la transición ecológica justa”.

Para la organización ecologista es necesario “poner en marcha ya medidas políticas y destinar presupuestos para facilitar un cambio de modelo económico que ponga en valor el medio ambiente, apueste por la transición ecológica de la economía, respete los derechos sociales y deje de lado los intereses de los grandes contaminadores”.

Un plan nacional de energía y clima “más ambicioso que incluya el objetivo de un sistema eléctrico 100% renovable en 2030 y especifique la fecha de cierre de las centrales de carbón y nuclear en 2025”, o la suspensión de las negociaciones para un acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur son otras de las peticiones de Greenpeace. Pero no todas son económicas, también llama a derogar la Ley Mordaza y “restituir las garantías constitucionales de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), por su parte, reclama la suspensión temporal de todo desahucio “que afecte a personas con bajos ingresos y que carezcan de alternativa habitacional adecuada, hasta que la Administración Pública que corresponda pueda garantizar el acceso a una vivienda adecuada”. Este colectivo propone crear un “Parque Público de Vivienda Social y para el alquiler asequible”, así como la “cesión obligatoria de casas en manos de la banca rescatada, con prohibición expresa a Bankia y a la Sareb de seguir vendiendo suelo o viviendas, cediendo de forma inmediata aquéllas de que dispongan en zonas tensionadas”.

Actuaciones contra la especulación, con una reforma de la fiscalidad de la vivienda para que las Socimis “paguen su correspondiente impuesto de sociedades, así como por beneficios en los alquileres”, forman parte de las reclamaciones de la PAH al Gobierno de coalición.

Los funcionarios son otro de los colectivos que han puesto deberes y piden que en el primer Consejo de Ministros se apruebe la subida salarial de 2020 con efectos a 1 de enero.

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