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16 de noviembre de 2019, 0:26:04
Economía

Cambio Climático


Subir los impuestos ‘verdes’, la receta de la OCDE contra el cambio climático

“Cuando los impuestos sobre los combustibles más contaminantes son cero o casi cero, hay pocos incentivos para cambiar”, reflexiona el secretario general de la OCDE, Angel Gurría.

Por Luis Suárez

Imponer impuestos a las fuentes de energía contaminantes puede ser una forma eficaz de frenar las emisiones que perjudican al planeta y a la salud humana. Así al menos lo considera la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE​) en un reciente informe, conocido en plena Cumbre del Clima en Nueva York, en el que matiza que esta subida de impuestos no tiene por qué repercutir en los hogares más vulnerables: los ingresos generados pueden utilizarse para facilitarles la transición hacia una economía con bajas emisiones.


El informe -Taxing Energy Use 2019- analiza 44 países que representan más del 80% de las emisiones de energía, y concluye que “los impuestos sobre las fuentes de energía contaminantes no se acercan en absoluto a los niveles necesarios para reducir los riesgos e impactos del cambio climático y la contaminación del aire”.

Los impuestos sobre el combustible de carretera son “relativamente altos, pero rara vez reflejan plenamente el coste de los daños medioambientales”, especialmente en el caso de algunos sectores del transporte por carretera a los que se ofrecen tarifas preferentes.

Por su parte, los impuestos sobre el carbón -que está detrás de casi la mitad de las emisiones de CO2 procedentes de la energía- “son nulos o casi nulos en la mayoría de los países”. Los impuestos son a menudo más altos sobre el gas natural, que es más limpio, señalan los autores. Para los vuelos internacionales y el transporte marítimo, los impuestos sobre el combustible son cero, lo que significa que los viajeros frecuentes de larga distancia y las empresas de transporte marítimo de carga “no están pagando la parte que les corresponde”.

En los países estudiados (OCDE y G20 más Colombia), el 97% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía fuera del transporte por carretera se gravan muy por debajo de los niveles que reflejarían el daño al medio ambiente. Sólo cuatro países (Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Suiza) gravan la energía no de carretera por encima de 30 euros/tonelada de CO2, lo que se considera una estimación de gama baja de los costes de las emisiones de carbono para el clima. Varios países han reducido incluso los impuestos energéticos en los últimos años.

Al mismo tiempo, mientras que los impuestos energéticos se estancan, las cifras de la OCDE muestran que el apoyo gubernamental a los combustibles fósiles en los países analizados alcanzó en 2017 los 140.000 millones de dólares, con aumentos de los subsidios en algunos países.

“Sabemos que necesitamos quemar menos combustibles fósiles, pero cuando los impuestos sobre los combustibles más contaminantes son cero o casi cero, hay pocos incentivos para cambiar”, reflexiona el secretario general de la OCDE, Angel Gurría. “Los impuestos energéticos no son la única solución, pero no podemos frenar el cambio climático sin ellos. Deben aplicarse de manera justa y utilizarse para mejorar el bienestar y facilitar la transición energética de los grupos vulnerables”.

Protección de las familias más vulnerables

La institución aboga además por “reorientar las políticas a través de un lente de bienestar”. A su juicio, centrarse en objetivos como “el aire limpio, la alimentación sana, la accesibilidad de los servicios y el empleo y la reforma fiscal inclusiva” podrían facilitar la introducción de cambios que terminen acelerando la transición hacia una economía de bajas emisiones.

En ese mismo sentido, el informe, que analiza tres tipos de impuestos sobre la energía (impuestos especiales sobre los combustibles, impuestos sobre el carbono e impuestos sobre el uso de la electricidad), aboga por que los gobiernos garanticen que cualquier alza en los tributos no perjudique a los hogares, empresas o trabajadores vulnerables. Los ingresos fiscales adicionales pueden utilizarse con fines sociales, como la reducción de los impuestos sobre la renta, el aumento del gasto en infraestructura o salud, o la financiación de transferencias directas a los hogares.

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