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19 de noviembre de 2019, 11:44:47
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Anticorrupción pide a Indra una fianza de 1,4 millones por financiar ilegalmente al PP de Madrid

La Fiscalía, que pidió imputar a Aguirre y Cifuentes, quiere recuperar fondos de la Púnica.

Por E.B.

En el escrito en el que la Fiscalía Anticorrupción pide al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la imputación en el caso Púnica de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, así como de la empresa Indra y de su expresidente Javier Monzón, reclama también el depósito de cantidades para hacer frente a futuras responsabilidades civiles por el desvío de fondos para el pago de gastos del PP de la Comunidad de Madrid.


Según informa hoy elconfidencial.com, las fiscales piden, en concreto, que Indra aporte 1,4 millones en concepto de fianza después de que la Unidad Central Operativa (UCO) recabara, a lo largo de la instrucción, pruebas que indican que el PP de Madrid se financió presuntamente con donaciones ilegales de la compañía, dinero que llegó a la formación a través de una red societaria controlada por testaferros y empresarios amigos. El flujo de estos fondos irregulares se habría mantenido activo al menos entre 2008 y 2013, permitiendo a los populares madrileños inyectar en su caja B un total de 1.054.247 euros.

Como casi todo en la pieza que investiga la existencia de la caja B de la formación en Madrid, los indicios recabados son fruto de la fusión de Púnica y otra de las causas sobre corrupción del Gobierno regional, Lezo. La Guardia Civil llegó a registrar la sede de la empresa en abril de 2017 durante la operación contra el entramado liderado por Ignacio González. Detectó pagos sin justificar desde Indra a dos mercantiles, Formaselect Consulting SL y Swat SL. La primera, dedicada a la formación de trabajadores, facturó 938.247 euros entre 2010 y 2013, más del 90% de los ingresos totales de la formación en aquellos años.

Elconfidencial.com señala que “la solicitud de fianza, al igual que el resto de peticiones de diligencias, se encuentra bajo estudio del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que debe decidir si las atiende a partir del próximo mes de septiembre”.

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