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21 de noviembre de 2019, 10:05:38
Nacional

Caso Lezo


Aguirre resta importancia a que el PSOE pida su imputación por el campo de golf del Canal

La expresidenta madrileña asegura que “el PSOE lleva 30 años detrás” de ella tras la petición de los socialistas de que sea investigada por el ‘caso Lezo’.

Por E.B.

El PSOE apunta a Esperanza Aguirre por la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II. Los socialistas han solicitado al juez del ‘caso Lezo’, Manuel García Castellón, que investigue a la expresidenta de la Comunidad de Madrid por este proyecto. Y la respuesta de la propia protagonista no se ha hecho esperar.


“El PSOE lleva mucho tiempo detrás de mí”, ha asegurado este miércoles Aguirre. En este sentido, ha afirmado que los movimientos de los socialistas tienen una explicación: “No les ha parecido bien que el helipuerto de José Bono sirva para que los madrileños practiquen deporte y tengan un jardín. No les gusta porque quieren el helipuerto para Bono”.

La formación del puño y la rosa ha solicitado la investigación a la expopular al considerar que “tenía un pleno conocimiento de la tramitación”. Es más, han recalcado como “absolutamente indispensable que los principales actores implicados en el procedimiento de construcción de la cancha de prácticas de golf en el Canal de Isabel II presten declaración”.

La propia Aguirre, en la Asamblea de Madrid, confesó que ella era la cabeza pensante del campo de golf: “Yo soy la que tuve la idea de poner en el centro de Madrid, en una zona de 12 hectáreas, que era la cubierta del tercer depósito, un lugar de disfrute de los ciudadanos de Madrid y no solamente de parque, sino de instalaciones deportivas y, en especial, de una cancha de prácticas de golf. O sea, mátenme, pero la idea fue mía”.

Esta misma declaración ha sido adjuntada por el PSOE en la petición de imputación. Ahora la UCO y la Fiscalía Anticorrupción están revisando el acuerdo firmado por Aguirre ante las sospechas de que González realizó una modificación en la adjudicación del Canal Golf, en contra del criterio del Ayuntamiento de Madrid, para darle la explotación de las instalaciones a una empresa vinculada a su hermano, Tecnoconcret.

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