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21 de julio de 2019, 17:36:33
Nacional

Púnica


El Supremo estudia la condena a Granados por el chivatazo de la Púnica

El alto tribunal celebrar una vista pública en la que estudiará los recursos de casación que presentaron Granados y los otros dos condenados contra la sentencia de la Audiencia Nacional.

Por E.B.

El Tribunal Supremo revisará en vista pública este miércoles si confirma la condena de 2 años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional al exconsejero madrileño Francisco Granados por un delito agravado de aprovechamiento de secreto relacionado con el “chivatazo” que le dio un guardia civil sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido en la denominada 'Operación Púnica' y por el que el dirigente del PP estuvo en prisión preventiva dos años y medio.


El soplo le permitió ocultar un millón de euros en el altillo de la vivienda de sus suegros como luego se comprobó en los registros judiciales.

A partir de las 10.30 horas, el alto tribunal celebrará una vista pública en la que estudiará los recursos de casación que presentaron Granados y los otros dos condenados contra la sentencia de la Audiencia Nacional, informa Efe

Granados fue condenado por un delito de revelación de secretos en su primera condena por el caso Púnica, por el que sigue investigado en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de ese tribunal.

Se le condenó por servirse del soplo del guardia civil José Manuel Talamino, que formaba parte de la Unidad Central Operativa (UCO) y le alertó de la instalación de una cámara frente al edificio donde el presunto 'conseguidor' de la Púnica, David Marjaliza, dirigía sus negocios en Pinto (Madrid).

Talamino y José Manuel Caro, un agente en excedencia y exasesor de la Comunidad de Madrid que participó en el soplo, también fueron condenados por estos hechos a una pena de dos años de cárcel el primero, y a un año y medio el segundo, si bien ninguno de los dos recurrieron por lo que su condena es firme.

En su sentencia, la Audiencia Nacional consideró probado que Talamino, "sabiendo que violaba el deber de confidencialidad", advirtió a Granados de que la UCO vigilaba a Marjaliza y que Caro Vinagre, a petición del exconsejero, intentó obtener más información.

Al saberse investigado, Granados cambió su conducta y pidió a Marjaliza que destruyera la documentación que le relacionaba con sus negocios y trasladó documentación sobre sus cuentas en Singapur y operaciones en Suiza al domicilio de su secretaria.

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