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20 de septiembre de 2019, 13:48:31
Nacional

PP de Madrid


La Fiscalía pide la absolución de los acusados de espiar a los adversarios políticos de Aguirre

El Ministerio Público no ve infracción penal en los presuntos seguimientos que desde la Comunidad de Madrid se hicieron a Manuel Cobo y Alfredo Prada.

Por E.B.

El juicio por el espionaje político realizado en mayo del 2008 presuntamente a manos de exfuncionarios de la antigua Consejería de Interior a políticos del PP dará comienzo el próximo lunes, día 4 de febrero. Un proceso en el la Fiscalía pedirá la absolución de los cuatro acusados de espiar a adversarios políticos de la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, como el exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el exconsejero madrileño Alfredo Prada.

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La Fiscalía Provincial de Madrid considera que no existe ninguna infracción penal en los supuestos seguimientos a distintos políticos de la Comunidad de Madrid, entre sobre Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y Alfredo Prada, exconsejero de la Comunidad de Madrid y por ello pide la libre absolución de las 6 personas que están acusadas por estos hechos: Manuel Sergio Gamón Serrano, Miguel Castaño Grande, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez, Antonio Coronado Martínez y José Manuel Pinto Serrano.

Las acusaciones personadas en la causa imputan a Sergio Gamón Serrano, ex Director General de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid; a Miguel Castaño Grande ex subdirector General de Seguridad; a José Manuel Pinto Serrano Técnico Especialista de Seguridad; y a los Asesores de Seguridad, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, el haber efectuado, entre los meses de marzo a mayo de 2008, “seguimientos” a Alfredo Prada Presa, ex Vicepresidente Segundo, Consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid), y a Manuel Cobo Vega , ex Vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid), habiendo utilizado para ello vehículos, cámaras y teléfonos móviles corporativos propiedad de la Comunidad de Madrid, así como haber percibido nóminas y dietas destinadas a la remuneración de sus servicios durante el desarrollo de dicha actividad.

Sin embargo, para la Fiscalía no ha quedado acreditada la intención de los acusados de utilizar o destinar medios públicos a usos ajenos a la función pública puesto que no han realizado y ni siquiera han ordenado “intencionadamente” ninguna actuación que no formase parte de las funciones públicas que les estaban encomendadas y, “consiguientemente, no se ha generado perjuicio alguno a la Comunidad de Madrid”. Es más, señala que se han aportado al procedimiento documentos donde constan “supuestos” partes de seguimiento, que no han sido obtenidos de expedientes administrativos, “sino que han sido aportados al proceso por el periodista, sin que tales partes respondan a seguimientos reales realizados, pudiendo haber sido elaborados con un interés espurio por la persona que los entregó al citado periodista”.

También recuerda el Minsiterio Público que tres de los acusados (José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado) tenían dentro del desempeño de las funciones como asesores de seguridad la de controlar numerosos edificios públicos donde se ubicaban las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid, y otros organismos y sedes oficiales “lugares donde solían acudir las personas a las que supuestamente se realizaban los seguimientos, lo que determinaba que en ocasiones el posicionamiento de los teléfonos utilizados por los acusados pudiera coincidir con la ubicación de alguna de las personas objeto de los presuntos seguimientos”.

Por último añade que: “Los posicionamientos de los teléfonos de los acusados obtenidos a través de las antenas BTS de Telefónica no permiten determinar de forma precisa y exacta la posición física real de los teléfonos móviles, dado que, debido a la saturación, en ocasiones la señal de los teléfonos se redirige a otras antenas más alejadas de su ubicación real”.

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