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23 de julio de 2019, 9:20:06
Nacional

Madrid


El Supremo declara ilegal la finca que autorizó Ignacio González a la socia de su mujer

El Alto Tribunal confirma la sentencia de la Justicia madrileña que declaró ilegal la finca La Muñoza por estar en un espacio protegido.

Por E.B.

Golpe a la polémica finca La Muñoza, situada en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares en Madrid. El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos de la Comunidad de Madrid, la Fundación Carmen Pardo-Valcarcel y Las Higueras del Tambor SL. Una sentencia que confirma la ilegalidad de la finca en un espacio protegido.


Todo nació en 2005 cuando Carmen Cafranga Cavestany, que presidía la Fundación Carmen Pardo-Valcarcel, solicitó la instalación de una carpa de 600 metros cuadrados de superficie para la celebración de eventos en la finca La Muñoza. A partir de dicho momento, tal y como recuerda Ecologistas en Acción, comenzaron las “irregularidades y el trato de favor”.

Informes favorables saltándose la Ley de declaración del Parque Regional, archivos de denuncias por parte de las administraciones madrileñas, cambios de normativas, subvenciones... Estos han sido algunos de los movimientos de los gobiernos del PP en favor de la finca.

Pero no fue hasta 2013 cuando Ignacio González concedió la calificación urbanística de la finca y la consiguiente autorización para celebrar bodas y banquetes. Unos vistos buenos que se dieron a Cafranga Cavestany que, en aquel momento, era socia de la mujer del expresidente madrileño en Subastas Segre y consejera de Caja Madrid.

También amiga personal de Ana Botella y Esperanza Aguirre, Cafranga Cavestany hoy es una de las condenadas en el caso de las tarjetas black.

De esta manera, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de Ecologistas en Acción para declarar nulas las autorizaciones que salieron desde la Comunidad de Madrid. Según la sentencia, que confirma la emitida anteriormente por el Tribunal Superior deJusticia de Madrid (TSJM), la edificación de la finca “no está amparada por licencia urbanística alguna”.

“La calificación impugnada resulta no ser conforme al ordenamiento jurídico en la medida en que ni la edificación puede destinarse a usos distintos de los contemplados en el Plan [General de Ordenación Urbana] ni sobre dicha edificación puede realizarse obra alguna habilitadora de tales usos no permitidos”, se ha completado.

Al mismo tiempo, el Alto Tribunal ha condenado a las partes codemandadas (Comunidad de Madrid, Fundación Carmen Pardo-Valcarcel y la mercantil Las Higueras del Tambor SL) a reponer y restablecer todo lo actuado a la situación física y jurídica anterior a la del acuerdo impugnado.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha valorado “muy positivamente” el auto del Tribunal Supremo, así como el del TSJM. En este sentido, han asegurado que estas decisiones ponen en evidencia lo que se viene denunciando desde hace años: que “la Comunidad de Madrid, con sus calificaciones urbanísticas, viene legalizando edificaciones construidas al margen de la legalidad”.

“Es decir, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está actuando al margen de la legalidad, al menos, desde hace una década”, han apuntado desde Ecologistas en Acción.

La nueva Ley de Urbanismo y Suelo

Sin embargo, la situación de esta finca ilegal puede tener un nuevo giro. La nueva Ley de Urbanismo y Suelo que se encuentra en la Asamblea de Madrid puede dejar la sentencia del TSJM “en papel mojado”, según la organización.

En el caso de que se tramite el proyecto de ley, Ecologistas en Acción ha advertido que en su artículo 35.1 se contempla “la legalización absoluta de la finca La Muñoza, así como el resto de fincas que están en una situación similar”. Si se da este paso, “la repercusión sobre el medio natural sería muy negativa por el efecto llamada”.

Por ello, Ecologistas en Acción ha realizado un llamamiento a Ciudadanos y a Ignacio Aguado para que no apoye una Ley del Suelo “absolutamente tóxica para el medio ambiente madrileño”.

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