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21 de mayo de 2019, 9:27:28
Nacional

Operación Chamartín


La Operación Chamartín afronta 2019 en medio de una fuerte ofensiva judicial y política

IU urge a Ábalos a aclarar en el Congreso por qué los promotores privados pagarán a Adif por los terrenos un precio muy inferior a su valor de marcado.

Por Ana M. Pastor

La Operación Chamartín lleva 25 años generando controversia y parece que 2019 no va a ser una excepción. La macrooperación, ahora denomina Madrid Nuevo Norte, afrontará el nuevo año en medio de una intensa ofensiva de vecinos, ecologistas y de los partidos de la oposición que -como IU- tratan de frenar este desarrollo urbanístico pesar de los cambios realizados sobre el proyecto inicial y de que recibió en septiembre la aprobación inicial del Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio quiere llevar la operación a pleno antes de las elecciones municipales de mayo, aunque ni siquiera todo el equipo de Manuela Carmena la bendice y pese a que la Justicia madrileña ha admitido un recurso con el que se pretende lograr la nulidad del proyecto.


El último episodio que amenaza a la polémica actuación urbanística es una información de eldiario.es que ha sacado a la luz algunos aspectos del contrato entre la empresa pública ADIF y la promotora privada Distrito Castellana Norte (DCN), una información que los detractores del proyecto llevaban reclamando reiteradamente dado que durante un cuarto de siglo el proyecto ha sufrido numerosos cambios en cuanto a su superficie, edificabilidad, plazos, obligaciones económicas…

Estas revelaciones han provocado una verdadera tormenta entre quienes se oponen a la Operación Chamartín, y ha dado lugar a que IU haya registrado rápidamente una solicitud de formación ha registrado una solicitud de comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Y es que IU quieren que el titular de Fomento aclare en sede parlamentaria todos los términos del contrato “secreto entre la empresa pública ADIF y DCN (compañía privada constituida por la entidad financiera BBVA y el Grupo empresarial San José S.A, ya que de la información publicada se desprende que “el convenio contempla la venta de cerca de 1,3 millones de metros cuadrados de suelo público de ADIF a DCN en unas condiciones tremendamente ventajosas” para los inversores públicos, ya que el precio por metro cuadrado supone únicamente un tercio de su valor”.

IU también critica que, la empresa privada pague a la compañía pública en 20 años, en lo que supone unos “muy cómodos plazos”. Resaltando además que “esta operación podría suponer una plusvalía inmediata para DCN cercana a los 1.000 millones de euros si materializara la venta de los suelos cuando entre en vigor el derecho sobre su propiedad.”

Además de la petición de comparecencia de José Luis Ábalos, que firman el portavoz parlamentario y la diputada de IU, Alberto Garzón y Eva García Sempere, respectivamente, también se ha solicitado hoy que dé explicaciones en sede parlamentaria la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera Posada.

IU recuerda que ya plantearon hace meses en una proposición no de ley la necesidad de que se estudiara ese acuerdo, aún sin conocerlo en todos sus términos, dado que existían indicios suficientes de que se ponía “suelo público en manos de intereses privados sin atender al interés general”.

También hace notar la coalición de izquierdas que el actual desarrollo urbanístico-ferroviario Madrid Nuevo Norte ha registrado una cifra récord de alegaciones -más de 3.500- en el periodo de información pública. La mayoría de ellas, vinculadas a la edificabilidad prevista y a aspectos de dudosa legalidad relativos a la ordenación y a los criterios urbanísticos que se establecen. Sin olvidad que con posterioridad se produjo la admisión a trámite del recurso contra el proyecto urbanístico ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Pérdidas para el Estado"

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción considera que esta última información da “nuevos y poderosos argumentos para que el proyecto Madrid Nuevo Norte, sea guardado para siempre en un cajón”. , ya que consideran que el convenio, que está previsto se renueve mañana, es “enormemente lesivo para el interés general y, en concreto, para las arcas públicas” y alertan de que “su firma puede suponer la pérdida de millones de euros para el Estado.

Asimismo, hacen hincapié en que en el convenio “ADIF adquiere una serie de compromisos y cargas por un valor incierto, pero que, de materializarse, sin duda supondrán una cuantía elevada para las arcas públicas. Así, se compromete a hacer frente a los gastos derivados de la desafectación de los terrenos y a aquellos procedentes de su descontaminación, a aportar 25 millones de euros en concepto de gastos de urbanización y a asumir la parte del gasto que supere los 321 millones de euros de la construcción de la polémica losa que cubrirá las vías, entre otras muchas cosas”.

Recuerdan la FRAVM y Ecologistas en Acción, que en numerosas ocasiones han que se hagan públicos todos los acuerdos suscritos, desde 1993, entre ADIF-RENFE y DCN. Y reclaman, igual que IU que el Consejo de Administración de ADIF, que se reúne mañana viernes, no renueve el convenio, y que, en su lugar, se aborde la elaboración de un nuevo proyecto acorde con las necesidades del norte de la ciudad de Madrid y con el interés general.

Desde DCN, por su parte, niegan que el precio que se acordó con ADIF –1.200 millones de euros- haya sido secreto en ningún momento, y emplazan a comprobarlo en la memoria del administrador ferroviario. Afirman que lo único que ha sucedido es que después de su última renovación por dos años, el convenio para comprar los terrenos vencía el 31 de diciembre y tocaba renovarlo. Añadiendo que no todos los terrenos que comprometieron a adquirir son edificables, ya que se incluyen las vías de tren por lo que no se pueden valorar de la totalidad de los suelos a precio de mercado.

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