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26 de enero de 2021, 7:10:11
Sociedad

Cambio Climático


El Gobierno fija para 2040 la fecha de caducidad de los coches de gasolina y diésel

El Ministerio de Transición Ecológica propone la creación de un sistema eléctrico 100% renovable para 2050.

Por E.B.

A partir de 2040 estará prohibida la matriculación y venta de turismos y vehículos comerciales ligeros emisores de CO2 –es decir, los de gasolina, los diésel y los híbridos-. Así al menos lo propone el Ministerio de Transición Ecológica, de acuerdo con un informe que ha puesto hoy sobre la mesa para la elaboración de la Ley de Cambio Climático, y en el que figura también que el sistema eléctrico sea 100% renovable para 2050.


El ministerio que dirige Teresa Ribera ha presentado el documento base que se trasladará a los grupos parlamentarios y los sectores interesados. Según publica Europa Press, el objetivo del Gobierno es contar con un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año.

Junto a la fecha de caducidad para los vehículos contaminantes, entre las propuestas del Ejecutivo destaca la creación de un sistema eléctrico 100% renovable en 2050, un plazo hasta el que se desarrollarán las actuaciones que se establecerán en el ‘Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia de Bajas Emisiones’ que incluye el fin de todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040 y el fin de los subsidios económicos a energías fósiles.

Fuentes ministeriales han señalado a la agencia que el objetivo planteado es descarbonizar la economía en 2050 con un plazo intermedio de 2030. España superaría la exigencia de esfuerzo estimado de la Unión Europea para el país en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en -al menos- un 20% respecto a 1990. De este modo, España reducirá 60 millones de toneladas adicionales frente a las 290 exigidas.

Desde el Ministerio trasladan a Europa Press que se trata de un documento holístico que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte o la fiscalidad y que prevé que, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.

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