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¿Qué treta usó Aguirre para burlar el veto de Gallardón al campo de golf del Canal?

Un documento muestra que la expresidenta aseguró que no promovía la construcción de un campo de golf, sino “una cancha de entrenamiento”.

Por E.B.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido en enero de 2007 por Esperanza Aguirre, utilizó una treta para saltarse el veto que el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, impuso contra la construcción de un campo de golf en el madrileño barrio de Chamberí, cuya edificación y explotación están siendo investigadas en el 'caso Lezo', según informa hoy vozpopuli.com.


El “ardid” utilizado por el Gobierno de Aguirre –según este digital- fue negar que el terreno deportivo sirviera para practicar el deporte del golf: "Para mayor precisión, dicha instalación no constituye un campo de golf sino, como certifica la Federación de Golf de Madrid, una cancha de entrenamiento con campo de prácticas para el juego largo y corto”, tal y como se puede comprobar en un documento de 18 de enero de 2007 denominado 'Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se declara de Interés General y se aprueba el proyecto de las obras de restauración y consolidación del depósito número 3 del Canal de Isabel II", que consta en el sumario de la causa, y al que dice haber tenido acceso vozpópuli.com

Explica el medio online que “con este acuerdo del Consejo de Gobierno madrileño, firmado por la propia Aguirre como presidenta y por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía Lasala, pero también por el secretario, Salvador Victoria, el Ejecutivo lograba saltarse la prohibición del Ayuntamiento de Madrid de construir el campo de golf de Chamberí, que consideraba que la modificación del proyecto no se ajustaba al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al incluir un campo de golf”.

La Comunidad de Madrid, según consta en el documento, aseguró que esta interpretación de Gallardón restringía el uso de las instalaciones deportivas a los vecinos del barrio, por lo que estaba justificada la utilización del artículo 161 de la Ley del Suelo de Madrid de 2001, que posibilitaba que los proyectos de excepcional interés público o urgentes fueran aprobados por el Consejo de Gobierno.

“La Comunidad de Madrid, en su afán de potenciar la práctica deportiva entre todos los ciudadanos de la región, y reconociendo el indudable interés general de las instalaciones previstas a realizar en el citado proyecto de las obras de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del depósito número 3 del Canal de Isabel II en la Avenida de Islas Filipinas, considera que el acceso a este tipo de instalaciones debe ser público y abierto a todos los ciudadanos de Madrid”, asegura el acuerdo, que decreta que el campo de golf es de “interés general”.

Y en el documento, el Gobierno de Aguirre instaba al Ayuntamiento de Madrid para que iniciara, “con arreglo a la tramitación legalmente prevista, el procedimiento de modificación o revisión del planeamiento urbanístico según proceda, a fin de adecuar sus previsiones al contenido del citado proyecto”, que incorporaba "más instalaciones dedicadas a la práctica de deportes para disfrute de los ciudadanos, dotándoles de nuevos espacios de esta naturaleza, tan escasos en el centro de la ciudad", indica el acuerdo.

Vozpopuli.com recuerda que la explotación de este campo de golf están siendo investigadas en el 'caso Lezo' al considerar el juez Manuel García-Castellón que el presunto cabecilla de la trama, Ignacio González, pudo haberse beneficiado de la empresa pública promotora de las obras, el Canal de Isabel II, ya que según la investigación de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la familia de González percibió más de 500.000 euros en la construcción esta instalación, que inicialmente había sido adjudicada a Dragados, una empresa de Florentino Pérez; que la subcontrató a la firma Tecnoconcret, propiedad del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Pablo González, y del cuñado de ambos, José Juan Caballero.

El juez García-Castellón trata de determinar la legalidad de la decisión de Esperanza Aguirre e Ignacio González, que entonces era el máximo responsable del Canal de Isabel II, de declarar de “interés general” la construcción del campo de golf de Chamberí.

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